Por la Redacción
Un nuevo episodio de sus constantes fallas en el intento de aprobación final fue lo que cerró este jueves la reforma al Código Penal.
Nueva vez y a pesar de su insistencia en los últimos 20 años, las controversias de todos los niveles y colores quebraron la posibilidad de que República Dominicana cuente con un nuevo y moderno Código Penal.
Esta vez el proyecto fue aprobado en dos lecturas por los senadores, también una vez por la cámara de diputados, pero al igual como sucedió en las decenas de intentos anteriores, el intento se cayó.
La Comisión Especial que estudió la pieza, que encabezara Alexis Jiménez, atribuyó el nuevo fracaso a los fuertes ataques hechos “por sectores poderosos ligados a hechos delincuenciales”, situación de la que afirma deja “un informe de gestión con los artículos que la comisión ponderó y modificó”.
La pieza deberá aguardar una nueva legislatura para probar suerte, aunque en esta oportunidad recibió “nuevas propuestas importantes de parte de la Procuraduría General de la República y de la Policía Nacional”.
“Los nuevos legisladores tendrán el proyecto con esos cambios, y no desde cero”, destacó el legislador, y agregó que “lo van a poder ver ya un trabajo realizado, y ver las propuestas de las instituciones del Ministerio Público, la Policía Nacional y de todas esas organizaciones que estuvieron aquí”.
El proyecto estuvo sometido a fuertes cuestionamientos y críticas provenientes de amplios sectores de la vida nacional, muchos de los cuales observaron debilidades y exigieron la anulación y/o inclusión de asuntos puntales, entre estos el tema de las tres causales.
Destaca entre los observantes la Fundación Institucionalidad y Justicia, entidad que fuera enfática en demandar la inclusión de las tres causales y, a la vez, en llamar la atención acerca de que las iglesias, el gobierno, los ayuntamientos y los distritos municipales, están exentos de responsabilidad penal, aun resultando que son de naturaleza distinta.
Se recuerda que días antes de finalizar la legislatura el presidente Luís Abinader opinó que el Código Penal “debería estudiarse y consensuarse mejor”.
