Por Ramón Morel
La deuda de Santiago no se mide solamente en obras pendientes, sino en la distancia entre los recursos que genera y la capacidad que conserva para decidir su propio desarrollo.
Santiago no necesita que se le reconozca como “la segunda capital” de la República Dominicana. Esa expresión, repetida como elogio, contiene también una subordinación: confirma que el poder sigue teniendo una sola dirección, mientras al resto del territorio se le distribuyen categorías de importancia.
El verdadero problema no consiste en determinar si Santiago ocupa el segundo lugar. Consiste en explicar por qué una de las principales plataformas productivas, industriales, comerciales y laborales del país continúa dependiendo de decisiones adoptadas fuera de su territorio para resolver necesidades que conoce mejor que nadie.
La región Cibao Norte, integrada por Santiago, Puerto Plata y Espaillat, generó aproximadamente el 15.1 % del producto interno bruto dominicano en 2025, equivalente a US$19,307.1 millones. La región Ozama —Distrito Nacional y provincia Santo Domingo— concentró el 40.4 %. Las cifras confirman dos realidades: la extraordinaria concentración de la economía alrededor de la capital y el peso indiscutible del eje productivo del Norte.
Sin embargo, el Estado dominicano no ofrece una cuenta territorial completa que permita responder con precisión una pregunta elemental: ¿cuánto de la riqueza y de los impuestos generados en Santiago retorna a Santiago en inversión pública, servicios e infraestructura?
La dificultad no es menor ni accidental. Las estadísticas oficiales estiman el producto por regiones, registran la inversión por provincias y administran la recaudación mediante oficinas tributarias, pero no integran esos datos en una balanza fiscal territorial comparable. Podemos saber cuánto produjo Cibao Norte; podemos consultar cuánto se ejecutó en Santiago durante un mes determinado; lo que no podemos establecer de manera rigurosa es cuánto aportó la provincia al fisco y qué proporción recibió a cambio.
Sin esa trazabilidad, el Gobierno puede anunciar inversiones, inaugurar obras y sumar partidas, pero no puede demostrar que distribuye los recursos conforme al peso económico, la población y las necesidades acumuladas de cada territorio. La opacidad impide comprobar la inequidad, pero también impide descartarla. Y cuando es el propio Estado quien posee los datos, la ausencia de una cuenta clara no puede convertirse en coartada del Estado.
Los números disponibles dejan, al menos, una señal que merece vigilancia. En junio de 2026, la inversión pública ejecutada alcanzó RD$10,396.9 millones. De ese monto, el 46.9 % se concentró en la región Ozama y el 15.9 % en Cibao Norte. Vista por provincias, Santo Domingo recibió el 27 %; el Distrito Nacional, el 19.9 %, y Santiago, el 8 %.
Ese corte mensual no basta para declarar una discriminación presupuestaria. Sería irresponsable hacerlo. La inversión cambia según el ciclo de ejecución de las obras y una fotografía de un mes no equivale a la película completa. Pero sí evidencia la concentración de casi la mitad de la inversión ejecutada en el espacio metropolitano y confirma la necesidad de publicar series territoriales acumuladas, comparables y auditables.
El problema de Santiago, por tanto, no puede reducirse a una lista de obras. El Gobierno mencionará el teleférico, el monorriel, carreteras, viviendas y proyectos de saneamiento. Son inversiones necesarias y deben reconocerse como tales. Pero una obra concedida desde el centro no sustituye el derecho de una comunidad a intervenir de manera estable en las decisiones sobre su desarrollo.
Ahí está el fondo político del asunto: Santiago recibe proyectos, pero no controla el mecanismo que decide cuáles se priorizan, cuándo comienzan, cuánto se les asigna, a qué ritmo se ejecutan ni qué ocurre cuando se detienen.
La Constitución reconoce a los municipios como base del sistema político-administrativo local y consagra gobiernos locales con autonomía presupuestaria y potestad normativa. En los hechos, esa autonomía llega hasta donde alcanza el dinero. Y el dinero continúa concentrado.
La Ley 166-03 dispuso que, desde 2005, los municipios y distritos municipales participaran del 10 % de los ingresos del Estado sujetos a esa distribución. Más de veinte años después, esa promesa legal continúa sin convertirse en la regla fiscal efectiva que debía fortalecer los gobiernos locales. Para 2026, los ingresos formulados de todos los gobiernos locales suman RD$36,823.9 millones, apenas el 0.4 % del PIB; RD$19,301.7 millones de sus ingresos corrientes provienen de transferencias del sector público.
La comparación es reveladora. El sector público no financiero proyecta ingresos por RD$1.706 billones y gastos por RD$1.985 billones, pero los gobiernos locales administran una fracción mínima del conjunto. La descentralización aparece en los discursos; la caja permanece bajo control central.
Esto no significa que todo el dinero producido en una provincia deba quedarse en ella. Un Estado nacional tiene el deber de redistribuir recursos hacia territorios con menor capacidad económica y mayores carencias. La solidaridad territorial es una obligación, no una concesión. Pero redistribuir no significa decidir sin transparencia, ni utilizar la cohesión nacional como argumento para perpetuar la subordinación administrativa de las provincias.
Santiago no reclama privilegios. Reclama reglas.
Reglas que permitan conocer cuánto genera cada territorio, cuánto recauda el Estado en él, cuánto se le asigna, cuánto se ejecuta y cuáles criterios justifican la diferencia. Reglas que separen una inversión estratégica de una dádiva política. Reglas que impidan presentar como generosidad presidencial lo que ha sido financiado por ciudadanos y empresas de todo el país.
La ciudad y la provincia tienen una agenda suficientemente identificada: movilidad integrada, agua potable, saneamiento, drenaje pluvial, recuperación del río Yaque del Norte, ordenamiento urbano, vivienda, gestión de residuos, infraestructura vial y protección de la Cordillera Septentrional. Lo que falta no es diagnóstico. Falta poder institucional para convertir esas prioridades en compromisos presupuestarios verificables, no subordinados al calendario electoral ni a la voluntad del Gobierno de turno.
El país necesita una cuenta fiscal territorial anual, publicada con metodología transparente; criterios objetivos para distribuir la inversión pública; cumplimiento progresivo y verificable de la participación municipal; y mecanismos regionales con capacidad real para intervenir en la planificación y supervisar la ejecución.
Mientras eso no ocurra, la relación entre Santiago y el poder central seguirá siendo profundamente desigual. Santiago podrá producir, tributar, emprender, exportar y sostener una parte esencial de la economía nacional. Pero las decisiones fundamentales continuarán llegando desde Santo Domingo, convertidas en anuncios que la ciudad debe agradecer y en obras cuyo ritmo no controla.
Santiago no será plenamente dueño de su desarrollo mientras tenga que pedir como favor una parte de lo que contribuye a producir como derecho.
