Buenos dias. La decisión del Tribunal Constitucional de declarar inconstitucional el decreto que durante veinte años reguló la venta de bebidas alcohólicas después de la medianoche constituye una de las sentencias más polémicas de los últimos tiempos. No solo por sus efectos inmediatos, sino porque envía un mensaje que muchos ciudadanos encuentran difícil de comprender: una medida concebida para contribuir a la seguridad ciudadana y al orden público ha sido desmantelada sin que exista, hasta ahora, una alternativa que garantice esos mismos objetivos. Es incuestionable que la Constitución debe prevalecer sobre cualquier decreto. Nadie puede objetar que el Tribunal Constitucional ejerza su función de velar por la supremacía constitucional. Lo que sí puede y debe discutirse es si, al adoptar esta decisión, el alto tribunal ponderó adecuadamente las consecuencias sociales de su fallo y si la protección de determinados derechos fue armonizada con el deber del Estado de preservar el bienestar colectivo. Durante dos décadas, la regulación de los horarios para la venta de bebidas alcohólicas formó parte de una política pública orientada a reducir la violencia, los accidentes de tránsito, los conflictos en los barrios y las alteraciones del orden durante la madrugada. Nunca se presentó como una solución mágica al problema del alcoholismo ni de la delincuencia, pero sí como un instrumento preventivo dentro de una estrategia más amplia de seguridad ciudadana. Quienes hoy celebran la sentencia argumentan que el Estado no puede restringir actividades económicas sin una base legal suficiente. Resulta válido preguntarse si la libertad comercial puede situarse por encima del derecho de miles de ciudadanos a vivir en comunidades más seguras y tranquilas. Las libertades individuales no existen en el vacío; toda sociedad democrática reconoce que pueden ser objeto de limitaciones razonables cuando está en juego el interés general. La mayor preocupación radica en que la sentencia parece ignorar una realidad cotidiana que ningún fallo judicial puede borrar. El consumo excesivo de alcohol durante la madrugada continúa siendo un factor asociado a hechos de violencia, riñas, accidentes y perturbaciones del orden público. Eliminar un mecanismo de regulación sin tener a mano una alternativa efectiva e inmediata, puede traducirse en mayores dificultades para las autoridades responsables de prevenir esos riesgos. Pero tampoco el proceder sorprende a muchos…