Buenos días. Cada día que pasa, República Dominicana confirma un liderazgo del que nadie debería sentirse orgulloso: figurar entre los países con las tasas más elevadas de muertes por accidentes de tránsito. Lo verdaderamente alarmante no son solo las estadísticas, sino la incapacidad del Estado para revertir una tragedia que desde hace años dejó de ser un problema de movilidad para convertirse en una crisis de salud pública, desarrollo y gobernanza. Cuando las cifras de fallecidos, lesionados y personas con discapacidades permanentes aumentan año tras año, resulta imposible hablar de hechos aislados o de simples imprudencias individuales. Estamos frente al fracaso de un sistema que no educa, no fiscaliza con eficacia, no planifica y, peor aún, parece resignado a convivir con una violencia vial que cobra miles de víctimas. Las campañas ocasionales, los operativos de temporada y los discursos oficiales han demostrado ser insuficientes. La seguridad vial no puede seguir dependiendo de medidas reactivas ni de esfuerzos fragmentados. Requiere una política de Estado sostenida, con instituciones coordinadas, cumplimiento estricto de la ley, infraestructura segura, educación desde las escuelas y un régimen de consecuencias que haga entender que las normas de tránsito no son sugerencias, sino obligaciones. Lo más preocupante es que el país parece haber normalizado esta tragedia. Un país que no protege la vida en sus carreteras difícilmente puede proclamarse comprometido con el desarrollo. La verdadera modernidad no se mide por la cantidad de autopistas construidas, sino por la capacidad de garantizar que quienes las utilizan regresen sanos y salvos a sus hogares. Mientras no exista voluntad política para asumir la seguridad vial como una prioridad nacional, República Dominicana seguirá escribiendo, con sangre, la crónica de un fracaso tan persistente como inaceptable.
