Buenos días. Donald Trump ha reiterado su fuerte emplazamiento a los vendedores de combustibles de Estados Unidos, a quiénes exige bajar a 2.50 dólares el galón de gasolina, argumentando que no hay razón para mantener los precios altos porque el petróleo cayó a 69 dólares por barril. La presión que ejerce el jefe de la Casa Blanca favorece la pertinencia de que volvamos a echar un vistazo a lo que ocurre en República Dominicana respecto al tema, independientemente de que se nos satanice. Aquí se está en presencia de una contradicción difícil de digerir por parte del ciudadano de a pie. Cuando la guerra contra Irán sirvió para justificar elevar el galón de gasolina a 341 pesos, bajo la premisa de un petróleo cotizando a más de 100 dólares, la lógica del mercado internacional parecía imponerse, por dolorosa que fuera. Sin embargo, la posterior caída del crudo de referencia a niveles inferiores a los 70 dólares, ha desnudado una realidad distinta en tanto los incrementos se transfirieron con velocidad relámpago, pero los alivios se quedaron colgados en las nubes. Al congelar los precios en el tope más alto durante tres meses —justo cuando la materia prima se desplomaba más de un 30%— las autoridades no solo aplican una desconexión matemática, sino que vulneran el espíritu de la propia legislación. El argumento de la «estabilidad» pierde validez cuando dicha estabilidad solo beneficia la recaudación del Estado y no el presupuesto del consumidor. Y no solo eso, las autoridades aplican una estrategia de doble vías al mantener altos los precios de los combustibles y, a la vez, aplicar un nuevo paquete de impuestos que se concibió para mitigar los efectos provocados por las alzas del petróleo. Esa decisión genera un crítico escenario que desemboca en un efecto de doble impacto o «doble vía»: se mantiene artificialmente alto el costo de la energía y el transporte (combustibles), lo que genera un efecto inflacionario en cadena en la canasta básica. El cuadro se complica para el consumidor con la introducción de las nuevas cargas impositivas que ya no tienen razón de ser, pero que de cualquier forma en pocos días entran en vigencia. La resistencia oficial a bajar los combustibles, más la creación de nuevos impuestos sugieren que el Estado enfrenta tensiones de caja que prefiere financiar mediante el consumo directo y para ello utiliza el precio de la gasolina y demás combustibles. Mientras tanto y muy a pesar de la promesa de que se modificaría la Ley de hidrocarburos para ajustar los precios, el bolsillo del consumidor dominicano sigue siendo el amortiguador permanente de las distorsiones fiscales un Estado amante empedernido del gasto corriente sin control. Mantener los combustibles congelados al alza mientras el petróleo cayó, sumado a nuevas cargas tributarias justificadas ayer por el alza de la materia prima, en definitiva no es alta política económica; es, llanamente, una doble penalidad a la productividad y al bienestar social de los dominicanos.
