La reforma que realmente necesita la República Dominicana no consiste únicamente en recaudar más dinero, sino en demostrar que cada peso que paga el ciudadano regresa convertido en mejores servicios, mayor eficiencia y más calidad de vida.
La reciente aprobación de la reforma fiscal ha reabierto un debate que nunca debió cerrarse: ¿necesita el Estado dominicano más recursos? La respuesta puede ser sí. Pero esa es solo la mitad de la discusión.
La otra mitad, quizá la más importante, es si el Estado está utilizando con la eficiencia necesaria los recursos que ya recibe.
Ningún ciudadano se opone, por principio, a financiar el desarrollo de su país. Lo que genera resistencia es la percepción de que el esfuerzo tributario crece con mayor rapidez que la calidad de los servicios públicos.
Ese es el verdadero problema de confianza.
El Gobierno ha defendido la necesidad de fortalecer las finanzas públicas para enfrentar un entorno internacional más complejo, reducir la dependencia del endeudamiento y financiar áreas estratégicas como salud, seguridad, infraestructura y transporte. Incluso dentro de las discusiones oficiales se reconoce que mejorar la eficiencia del gasto debe ser parte esencial de cualquier modernización fiscal.
Y precisamente ahí comienza la pregunta incómoda.
Si la eficiencia del gasto es indispensable, ¿por qué esa discusión suele ocupar mucho menos espacio que la creación de nuevos ingresos?
Cada reforma tributaria suele presentarse como una necesidad nacional. Sin embargo, pocas veces se acompaña de compromisos verificables para reducir desperdicios, eliminar duplicidades administrativas, racionalizar estructuras burocráticas o evaluar programas que ya no producen resultados.
El ciudadano común observa otra realidad.
Hace filas en hospitales.
Pierde horas realizando trámites.
Circula por vías congestionadas.
Sufre interrupciones en servicios esenciales.
Convive con problemas históricos de agua, seguridad y transporte.
Mientras tanto, escucha que el Estado necesita seguir creciendo.
La pregunta surge casi de manera natural:
¿Está creciendo la capacidad de servir al ciudadano al mismo ritmo que crece la capacidad de recaudar?
La confianza pública no se construye únicamente mediante leyes tributarias.
Se construye cuando el contribuyente percibe que su dinero regresa convertido en soluciones.
De hecho, organismos internacionales han señalado que una reforma fiscal produce mejores resultados cuando va acompañada de mejoras sustanciales en la calidad del gasto, transparencia institucional, reducción de exenciones ineficientes y reglas claras de responsabilidad fiscal.
En otras palabras, recaudar más sin administrar mejor solo traslada el problema hacia adelante.
La verdadera riqueza de un Estado no reside únicamente en el tamaño de su presupuesto.
Reside en su capacidad para transformar recursos en bienestar.
Un gobierno eficiente no es el que más dinero maneja.
Es el que logra mejores resultados con cada peso invertido.
Ese debería ser el estándar.
Porque el ciudadano no mide al Estado leyendo cuadros presupuestarios.
Lo mide cuando llega a un hospital.
Cuando solicita un documento.
Cuando llama al 911.
Cuando envía a sus hijos a la escuela.
Cuando paga impuestos.
Y cuando espera que ese sacrificio tenga una respuesta proporcional.
La República Dominicana necesita estabilidad fiscal.
Necesita mantener la confianza de los mercados.
Necesita preservar el crecimiento económico.
Pero también necesita algo igualmente importante: reconstruir la confianza entre el contribuyente y el Estado.
Mientras esa relación continúe basada en la percepción de que las obligaciones aumentan más rápido que las respuestas, cualquier reforma fiscal encontrará resistencia social.
El verdadero pacto no consiste únicamente en que el ciudadano aporte más.
Consiste en que el Estado demuestre, todos los días, que merece administrar ese esfuerzo.
Porque los impuestos pueden aprobarse mediante una ley.
La confianza, en cambio, solo se gana con resultados.
