Buenos días. Desde el año 1996, en República Dominicana se vienen aprobando exenciones amparadas en leyes especiales que en definitiva representan privilegios para unos cuantos. Esas leyes nunca han sido revisadas, muy a pesar de que los propósitos que les dieron origen, nada tienen que ver con la realidad que el país vive hoy. Se trata de un historial que refleja desigualdad en tanto un reducido grupo de empresas grandes son beneficiadas con privilegios irritantes frente a otras que no reciben igual trato. De esa realidad en nada se beneficia el pueblo, al menos no hay forma de medirlo, mientras que el propio Estado se priva de fortalecer su estructura tributaria, además de que es víctima de evasiones permitidas que precisamente se derivan de algunos de esos privilegiados sectores. A pesar de que hace mucho tiempo que los gastos tributarios debieron considerarse como una prioridad a abordar, ni siquiera resulta de esa manera ahora cuando se está a punto de aprobar otro paquete impositivo en el que faltan piezas por transparentar y que, de seguro, golpeará los bolsillos de gente que ya no puede soportar más cargas. Se persiste en favorecer a empresas con pantalones muy largos ya, a empresarios establecidos, descartándose toda revisión o, si quiera, amago de esta. El entramado de privilegios fiscales, en beneficio especialmente de zonas francas, generadores eléctricos, turismo y minería, está amparado nada más y nada menos que en 39 normativas tributarias distintas, que, tristemente, en nuestro país son como «palabras de Dios…»
