Buenos días. El director de Pro Consumidor, Eddy Alcántara, otra vez denunció este martes el decomiso de “miles de productos vencidos, carnes en descomposición y bebidas con fechas de expiración alteradas”, no actos para el consumo humano, en un establecimiento comercial de San Cristóbal, al Sur de República Dominicana. Se trata de una práctica de corte criminal que las autoridades tratan con manos tibias, muy a pesar de que, por un lado, representa una vulgar estafa al consumidor, y por el otro, pone en peligro la salud de quienes confían en el comercio y los comerciantes. Estamos en presencia de un delito que se ejecuta silenciosamente desde los estantes de supermercados, almacenes y establecimientos comerciales. Cada año las autoridades decomisan toneladas de alimentos y otros productos vencidos. Las noticias se repiten con una regularidad alarmante: operativos, incautaciones, advertencias y promesas de mayor vigilancia. Sin embargo, el problema persiste. La reincidencia revela una verdad incómoda: las medidas adoptadas hasta ahora no han sido suficientes para erradicar una práctica que constituye una amenaza permanente para la salud pública. Resulta difícil comprender cómo, en pleno siglo XXI, continúan apareciendo establecimientos que almacenan y comercializan mercancías vencidas como si se tratara de una conducta normal. Más difícil aún es aceptar que algunos comerciantes lleguen al extremo de manipular etiquetas y fechas de expiración para ocultar el verdadero estado de los productos. Esa conducta no puede interpretarse como un simple descuido administrativo. Es una acción consciente, premeditada y orientada a obtener beneficios económicos a costa de la salud de la población. El país necesita un régimen de consecuencias que envíe un mensaje inequívoco. Los establecimientos sorprendidos comercializando productos vencidos deben ser identificados públicamente. Los reincidentes deben enfrentar clausuras temporales o definitivas. La falsificación de fechas de vencimiento debe ser tipificada y perseguida como un delito criminal en tanto atenta contra la salud pública. Y cuando exista dolo comprobado, los responsables deben responder ante los tribunales. ¿Cuándo dejarán de jugar?
