Por Ramón Morel
Hay servicios que se miden en números, pero se sufren en la piel. La electricidad es uno de ellos. Para una empresa distribuidora, una interrupción puede ser una línea en un programa de mantenimiento; para una familia, puede ser una noche sin abanico, una nevera perdiendo alimentos, un niño estudiando con calor o un pequeño negocio viendo cómo se le va el día entre planta, inversor y resignación.
El problema no es que existan mantenimientos. Toda red eléctrica necesita intervención, corrección y modernización. Lo inaceptable es que, en pleno 2026, la normalidad dominicana siga pareciéndose demasiado a la improvisación. EDENORTE ha publicado durante mayo varios avisos de interrupciones programadas, alegando trabajos para minimizar fallas y aumentar la confiabilidad de las redes. Esa explicación puede ser técnicamente válida, pero socialmente incompleta. Porque al ciudadano no le basta saber por qué se fue la luz; quiere saber cuándo dejará de irse con tanta frecuencia.
La paciencia de la gente tiene un límite, y ese límite se estrecha cuando la factura llega sin apagones administrativos. El recibo no se interrumpe. La mora no se programa. El cargo fijo no se disculpa. El usuario puede pasar horas sin servicio, pero el sistema de cobro funciona con una puntualidad digna de mejor causa. Ahí está una de las grandes heridas del sector eléctrico: la relación desigual entre un ciudadano obligado a pagar y unas distribuidoras que no siempre parecen obligadas a responder con la misma seriedad.
Los datos oficiales muestran la dimensión del problema. En enero-febrero de 2026, las empresas distribuidoras EDENORTE, EDESUR y EDEESTE compraron 2,912.7 GWh de energía, pero facturaron 1,914.8 GWh. Dicho de forma sencilla: entre lo que se compra y lo que efectivamente se factura hay un hoyo enorme. El Ministerio de Energía y Minas reportó pérdidas de energía de 38.8 % en año móvil, con un aumento de 1.4 puntos porcentuales. Eso no es una simple cifra técnica; es una radiografía de ineficiencia, robo, mala gestión, redes vulnerables y un modelo que todavía no logra cerrar su propio desangre.
Y cuando el sistema pierde, alguien paga. Paga el Estado, paga el contribuyente, paga el usuario formal, paga el comerciante que sí tiene contrato, paga la familia que reduce otros gastos para cubrir la electricidad. En un país donde demasiadas personas viven ajustando el presupuesto como quien estira una sábana corta, la factura eléctrica se ha convertido en una carga emocional además de económica.
El problema se agrava porque la inversión no parece caminar al ritmo de la necesidad. El informe oficial de desempeño eléctrico señala que, en enero-febrero de 2026, las inversiones ejecutadas por las distribuidoras fueron de USD 21.8 millones, con una disminución de USD 5.9 millones, mientras los gastos operativos subieron USD 2.3 millones. Esa combinación manda un mensaje peligroso: se gasta más en operar, pero se invierte menos en transformar. Y un sistema eléctrico que no se transforma termina administrando apagones con lenguaje técnico.
La ciudadanía no necesita excusas más elegantes. Necesita resultados más visibles. Una cosa es una interrupción programada, informada con tiempo, delimitada por sector y cumplida dentro del horario prometido. Otra muy distinta es una cultura de apagones en la que la gente nunca sabe si la falla es mantenimiento, sobrecarga, avería, déficit, circuito castigado o simplemente la vieja historia de siempre con uniforme nuevo.
El sector eléctrico dominicano ha tenido avances, sería injusto negarlo. Hay más generación disponible que en otras etapas, más tecnología, mayor formalización en algunos circuitos y mejores herramientas de medición. El propio Ministerio de Energía y Minas reportó que en enero-febrero de 2026 se inyectaron 3,437.7 GWh al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado, un incremento de 3.0 % frente al mismo período del año anterior. Pero ahí está precisamente la contradicción: si hay más energía disponible, ¿por qué el usuario sigue sintiendo que vive pendiente de la próxima interrupción?
La respuesta está menos en la generación y más en la distribución. El país puede producir más electricidad, pero si las redes son débiles, si las pérdidas son escandalosas, si la inversión baja, si el cobro se concentra en quienes siempre pagan y si la comunicación con las comunidades es deficiente, el ciudadano seguirá recibiendo un servicio por debajo de lo que paga y de lo que merece.
También hay que decirlo sin miedo: las pérdidas eléctricas no son una abstracción. Ahí conviven fraude, conexiones ilegales, sectores impagos, deficiencias técnicas, falta de supervisión, debilidad institucional y, muchas veces, complicidades toleradas. No se puede seguir castigando al usuario regular mientras se mira con lentitud al desorden que se roba casi cuatro de cada diez unidades de energía en el sistema de distribución. Eso no es sostenibilidad; eso es una factura nacional escondida en los bolsillos de todos.
El gobierno y las distribuidoras tienen una responsabilidad doble: mejorar el servicio y decir la verdad. No basta con publicar avisos. Hay que explicar con claridad, medir resultados, compensar cuando corresponda, acelerar inversiones y reducir pérdidas con metas públicas verificables. El usuario no está pidiendo milagros eléctricos. Está pidiendo algo mucho más básico: que la luz sea un servicio confiable y no una lotería diaria.
Santiago, por su peso económico, comercial e industrial, no puede acostumbrarse a vivir con un servicio eléctrico intermitente. Una provincia que produce, vende, educa, emprende y se mueve a ritmo de ciudad grande no puede depender de comunicados que suenan razonables mientras la vida real se calienta en los barrios. El apagón no distingue entre discursos: entra igual al colmado, al salón de belleza, al taller, a la casa humilde y a la pequeña empresa que no tiene margen para perder mercancía ni clientes.
La electricidad no es un lujo moderno. Es la base mínima de la productividad, la educación, la salud, la seguridad y la dignidad cotidiana. Por eso el debate no debe quedarse en si se fue o no se fue la luz en tal sector. La discusión seria es otra: cuándo tendrá República Dominicana un sistema de distribución que deje de convertir la ineficiencia en costumbre y la paciencia ciudadana en política pública.
Porque al final, el pueblo entiende los mantenimientos. Entiende las fallas ocasionales. Entiende que una red no se corrige de la noche a la mañana. Lo que no entiende —y con razón— es pagar cada mes como cliente de primera y recibir, demasiadas veces, un servicio de segunda.
La factura llega puntual. El apagón también. La paciencia, en cambio, ya empezó a irse.
El tema eléctrico no se resuelve con consignas ni con comunicados bonitos. Se resuelve con inversión, control de pérdidas, gestión eficiente, transparencia y respeto al usuario. Mientras eso no ocurra, cada apagón será algo más que una falla del sistema: será una prueba diaria de la distancia entre lo que el ciudadano paga y lo que realmente recibe.
