La huelga adelantó la Navidad para medios de comunicación y algunos influencers, el “Hombre del Maletín” se mudó desde el Congreso para los Medios e Influencers.
Por Nelson Reyes Estrella
La reciente huelga en San Juan no solo sacudió el escenario social y político de la región, sino que también evidenció un fenómeno que ha comenzado a generar inquietudes en distintos sectores: la aparente instrumentalización mediática del conflicto.
Para muchos, la protesta popular retractó la “lluvia” de recursos dirigida a medios de comunicación e influencers, una dinámica que, parece responder a una estrategia cuidadosamente articulada para moldear la narrativa en torno a la minería. Los ecos de esta práctica no se quedaron en el sur; incluso en Santiago se perciben los reflejos de lo que algunos describen como “sacos de cuartos repartidos”, en buscan de incidir en la opinión pública.
El trasfondo de esta situación remite a decisiones políticas que no son nuevas. Ya en 2021 se había anunciado una inversión de 4 mil millones de pesos en un plan que, en su momento, fue interpretado como una ofensiva mediática con tintes políticos hacia el expresidente Danilo Medina que acababa de salir del poder y se quería mandar el mensaje de que no había hecho nada en San Juan, pero el objetivo era otro, la minería y posiblemente dinero por adelantado.
Cinco años después, el denominado “Plan San Juan” parece desnudar el Plan 2021, pero con un objetivo más específico: allanar el camino para la explotación minera. Sin embargo, el contexto ha cambiado. La resistencia social ha crecido y ha adoptado un símbolo claro: Romero como la nueva Loma Miranda, pero con una determinación aún más contundente.
El “hombre del maletín” cambia de escenario
En medio de estas denuncias, surge una imagen que sintetiza la percepción de muchos actores sociales: el llamado “hombre del maletín” habría trasladado sus operaciones desde los pasillos del Congreso Nacional hacia los despachos de medios de comunicación e influencers. La metáfora muestra el cambio en los mecanismos de influencia, donde ya no solo se negocian voluntades en la arena política tradicional, sino también en el ecosistema digital y mediático. De ser así, el centro de gravedad de la incidencia pública se estaría desplazando hacia espacios donde la opinión se construye con mayor rapidez, pero también con menor escrutinio institucional y en este tiempo los legisladores no participan de la repartición del pastel de estos grandes contratos, que no pasan por el congrego como era conocido a principio de siglo.
Lo preocupante no es solo el caso de San Juan, sino el precedente que podría sentar. Si la estrategia, basada en campañas comunicacionales, ruedas de prensa corporativas y presunta distribución de recursos, resultara efectiva, su replicación en otras zonas del país es altamente probable. Regiones como la Cordillera Septentrional, Dajabón, la Sierra de San José de las Matas y Jánico podrían enfrentar esquemas similares para la imposición la rechazada explotación minera. En ese escenario, no importan los gastos, al final, el costo de estas operaciones recae siempre, paradójicamente, sobre el propio pueblo, que financia indirectamente mecanismos destinados a debilitar sus propias luchas.
En este contexto, cobra relevancia una frase atribuida el asesor gubernamental Mauricio De Vengoechea: “El pueblo quería un cambio, le vendimos un cambio, pero no le dijimos cómo sería el cambio”. Aplicada a la coyuntura actual, esta lógica parece extenderse a la estrategia comunicacional en torno a la minería, donde la narrativa se construye más desde la persuasión que desde la transparencia. La secuencia se repite: rueda de prensa de la empresa, difusión de supuestas bondades del proyecto y amplificación del mensaje a través de voces con alcance digital.
La estrategia del pueblo debe ser más huelga para aumentar la presión sobre el gobierno.
Frente a este panorama, se plantea la necesidad de una respuesta social más amplia. Se cuestiona, por ejemplo, la cooptación de liderazgos estratégicos mediante su incorporación a estructuras oficiales, como el Plan San Juan, lo que abre la puerta a debilitar la cohesión de los movimientos. En consecuencia, la protesta debe evolucionar hacia una articulación regional que incluya provincias clave como Santiago y Puerto Plata. La posibilidad de una paralización simultánea en zonas productivas y turísticas introduciría un nuevo nivel de presión sobre las autoridades, Se imaginan la Avenida Gregorio Luperón o Turística y la Navarrete – Puerto Plata paralizada.
La huelga de San Juan, más que un episodio aislado, se perfila como un punto de inflexión. No solo por la resistencia a la minería, sino por el debate que abre sobre el papel de la comunicación, el uso de recursos públicos y la legitimidad de las estrategias gubernamentales en contextos de conflicto social. El desenlace de este proceso podría redefinir no solo el futuro de San Juan, sino también la forma en que se gestionan, y se narran, las luchas sociales en la República Dominicana. Lo que ya se evidencia es que la Loma Romero en San Juan es la la Loma Miranda del Sur.
A la carga bravo pueblo de San Juan y todo el país, el agua es un tesoro que vale más que el oro, y es mejor morir luchando a que te maten a plazo como hacen con Cotuí.
