El discurso oficial del gobierno dominicano sobre la Cordillera Septentrional se ha centrado en una distinción técnica que, para las comunidades afectadas, no es más que una semántica de engaño, la diferencia entre exploración y explotación. Mientras el presidente Luis Abinader afirma haberse enterado de la situación por la prensa y asegura que no existen contratos firmados para la extracción, la realidad administrativa revela una intención clara de favorecer la industria extractiva. Los documentos oficiales, específicamente la Resolución R-MEM-CM-013-2024, otorgan a la empresa Vertrixi Holding la facultad de solicitar una concesión de explotación en cualquier momento durante el periodo de exploración, lo que contradice el mensaje de tranquilidad enviado desde el Palacio Nacional.
Detrás de la retórica de la minería responsable y los hallazgos calificados como insignificantes por el ministro Joel Santos, subyace un modelo de acumulación por desposesión que prioriza el lucro privado sobre el patrimonio natural. Las comunidades de la zona norte han denunciado que el Registro Nacional de Contribuyentes (RNC) de la empresa beneficiada ya incluye la venta al por mayor de metales y minerales, lo que evidencia que el objetivo final nunca fue meramente científico. Este discurso dual del Estado, que por un lado firma pactos ambientales y por otro debilita los controles para la emisión de licencias ha generado una crisis de credibilidad que ninguna rueda de prensa ha podido mitigar.
El rechazo social no es producto del «terrorismo medioambiental» como sugieren algunos sectores, sino del conocimiento histórico de los pasivos ambientales dejados por empresas como Rosario Dominicana y la Alcoa. La Cordillera Septentrional es un sistema ecológico frágil que provee agua a más de 200 comunidades rurales y a ciudades como Santiago y Puerto Plata; cualquier intervención minera pondría en riesgo la seguridad alimentaria y el equilibrio hídrico de toda la región. La insistencia en estos proyectos, a pesar de que el país ya cuenta con suficientes reservas de oro almacenadas para años, demuestra que la minería metálica a cielo abierto es, en gran medida, una actividad innecesaria para el desarrollo humano real.
Finalmente, las denuncias sobre la presunta venta de permisos ambientales y la manipulación de cifras de cobertura boscosa sugieren que el aparato estatal podría estar siendo utilizado para facilitar el saqueo de recursos bajo una fachada de legalidad. Como bien ha señalado el padre Nino Ramos, la lucha actual es por la dignidad y la supervivencia; sin una «licencia social» otorgada de forma transparente por las comunidades, cualquier intento de excavar la cordillera será visto como un crimen ambiental con aval gubernamental. La movilización ciudadana es hoy el único contrapeso real frente a las intenciones ocultas que se esconden tras los contratos de exploración y los discursos de progreso sobre los posibles minerales que estén ocultos en nuestra cordillera septentrional.
