La sombra del narcotráfico se cierne sobre la República Dominicana (RD) no solo como una amenaza logística, sino como un riesgo estructural de gobernanza. Ante esta plaga, la necesidad de una cooperación internacional robusta no admite discusión. Sin embargo, el reciente acuerdo provisional con Estados Unidos para el uso de infraestructuras nacionales, enmarcado en la Operación Lanza del Sur, obliga a una pregunta incómoda: ¿hasta dónde se extiende la línea de la soberanía cuando se negocia la seguridad?
El combate al crimen organizado transnacional es un imperativo ético y estratégico. El narcotráfico es una «amenaza real» que devora el tejido social, con aproximadamente 300,000 adolescentes consumiendo drogas ilícitas. Además, la nación enfrenta una doble presión estratégica, se mantiene como plataforma de tránsito consolidada para la cocaína de manera preocupante y se perfila como punto de expansión para flujos emergentes de sustancias sintéticas y precursores, pero el desafío más profundo es la Criminalidad desde el propio Estado, donde la corrupción sistemática dentro de las estructuras de seguridad y judiciales facilita directamente las operaciones ilícitas. Es en este contexto de debilidad institucional interna, expuesta por escándalos que implican a altos funcionarios y militares, hacen que la figura de la cooperación externa se vuelve tan atractiva como peligrosa.
La autorización para que aeronaves de Estados Unidos utilicen áreas restringidas de la Base Aérea de San Isidro y del Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA) para operaciones logísticas de reabastecimiento y traslado de equipos fue defendida por el Poder Ejecutivo como un paso para fortalecer el anillo de protección y como una acción técnica, limitada y temporal, sin embargo, urge examinar mas a fondo de si: ¿Acaso la voluntad política puede sustituir la supremacía de la Carta Magna, cuya tutela es imperiosa ante cualquier limitación de las competencias nacionales? La soberanía territorial es una línea roja inamovible en el debate público dominicano.
Otro matiz preocupante reside en el trasfondo geopolítico de la Operación Lanza del Sur. La cooperación no se da en un vacío, sino en un Caribe marcado por tensiones crecientes. El gobierno estadounidense, en el marco de la «Doctrina Trump» ha designado a los narcotraficantes como terroristas, habilitando el uso de fuerza letal fuera de sus fronteras y desplegando una flotilla en la región. Muchos analistas coinciden en que la excusa del narcotráfico puede ser instrumentalizada para legitimar una proyección militar, cuyo objetivo principal sea reordenar la región bajo un dominio imperial directo, lo que nos retrotrae a los funestos días de las dictaduras serviles y la guerra fría. Al alinear al país con esta operación regional, la República Dominicana podría ser arrastrada a conflictos ajenos.
La lección que emerge es una advertencia urgente. La lucha contra el narcotráfico debe ser sostenida, pero su eficacia es nula si se basa en la claudicación de la soberanía y la simulación legal. Debemos exigir un modelo de seguridad basado en la evidencia que priorice el fortalecimiento de la inteligencia propia, la persecución del narco dinero blanqueado en sectores como el inmobiliario, y sobre todo, la transparencia y rendición de cuentas para romper los lazos de la Criminalidad.
