La crisis en Haití no es solo una emergencia humanitaria; es el reflejo de un Estado colapsado, abandonado por la comunidad internacional y gobernado por la anarquía. Este drama revela una realidad desgarradora, pandillas armadas controlan a Puerto Príncipe, el desplazamiento interno supera el millón de personas, y la violencia alcanza niveles de barbarie, con masacres, secuestros y niños reclutados como sicarios.
Ante este infierno, las respuestas han sido tan desesperadas como ineficaces, evidenciando un gobierno sin rumbo y soluciones que ignoran el corazón del problema, la pobreza estructural y el abandono histórico.
La llegada de la Misión de Apoyo, liderada por Kenia, se vendió como un rayo de esperanza, ya habíamos dicho que no era solución. Sin duda, su despliegue ha sido un fiasco. Los policías kenianos admiten estar en desventaja. «Los criminales tienen mejores armas que nosotros», dicen. Los resultados son evidentes, se estima que se registran 18 muertes diarias por la violencia, masacres impunes y pandillas que expanden su territorio. La misión no solo ha fallado en detener la violencia, sino que ha expuesto la incapacidad de la comunidad internacional para actuar con contundencia.
En este vacío, el gobierno haitiano ha recurrido a una medida desesperada y peligrosa, contratar a Erik Prince, el polémico fundador de Blackwater. La idea de que drones armados y mercenarios extranjeros resolverán la crisis es una fantasía militarista y una falta de respeto al mundo que financia a organizaciones internacionales como la ONU y la OEA. Eso es tratar los asuntos de Estados desde una óptica del sicariato, nada diferente a lo que hace el narcotráfico. Peor aún, esta estrategia refuerza la dependencia de soluciones ilegales, en lugar de fortalecer medidas de organizaciones que el mundo financia y que fueron creadas para la seguridad del entorno global.
Las autoridades haitianas tienen razón al señalar que el crimen transnacional alimenta la crisis, armas y cocaína fluyen desde latitudes extranjeras, financiando a las pandillas. Pero esto no exime al Estado haitiano de su colapso institucional, ni a la comunidad internacional de su complicidad. Haití es víctima de un doble abandono, potencias como Estados Unidos, Canadá y Francia ofrecen parches militares sin atacar las raíces del caos.
Mientras el Consejo Presidencial de Haití pide cooperación para controlar el tráfico de armas, la respuesta ha sido más balas y menos desarrollo. No hay seguridad sin justicia social. Las pandillas crecen en barrios donde el Estado nunca llegó, donde el hambre y la falta de oportunidades son el caldo de cultivo del reclutamiento. Sin embargo, los planes de modernización de equipos y contratistas privados ignoran esta realidad.
Haití no tiene un gobierno; tiene un cascarón vacío acorralado por bandas, mercenarios y una comunidad internacional indiferente. La contratación de Prince es un síntoma de la desesperación, no una solución. Mientras las elites políticas y los actores internacionales sigan privilegiando enfoques militaristas sobre inversión en educación, salud y empleo, el ciclo de violencia no se romperá.
La crisis haitiana exige una respuesta integral, restablecer el orden de manera definitiva y al precio que sea y como sea, pero con organizaciones internacionales válidas, control real del tráfico de armas, apoyo logístico con transparencia, y sobre todo, un plan de desarrollo que rescate a una generación condenada a la pobreza. De lo contrario, Haití seguirá siendo un Estado sin cabeza, donde las únicas leyes las escriben las pandillas.
