Buenos días. En el contexto de los esfuerzos que se realizan para contener la masiva inmigración haitiana hacia República Dominicana, es frecuente oír a sectores e individuos, tanto en el plano local como internacional, condenar las deportaciones de haitianos indocumentados y hacer vaticinios pesimistas acerca de la economía criolla. Los de aquí y los tradicionales enemigos apostados en el exterior, coinciden en referir supuestas violaciones a los derechos humanos y a las libertades civiles de los repatriados, al tiempo que reclaman que el pais reniegue del derecho a aplicar su política migratoria. Se persigue imponer que se reconozcan «derechos» a ilegales y se manipula bajo el alegato de que, sin la mano de obra haitiana, áreas sensibles como la agricultura y la construcción, entre otras, colapsarían. Nadie niega el impacto de esa mano de obra mal pagada y al margen de los beneficios legales, pero la respuesta no debe ser perpetuar el problema en el tiempo, en vez de asumir soluciones que, aunque representen sacrificios momentáneos, son necesarias para romper esa dependencia. Lo que se debe asumir como nación y bajo la colaboración del sector privado, es crear las condiciones que hagan atractivo para los dominicanos el trabajo que por décadas se ha dejado en mano de ilegales haitianos. La realidad que padece esta parte de la isla, donde se cobijan irregularmente más de cuatro millones de vecinos, exige del comercio, el empresario, de quien trabaja en los proyectos agrícola-agropecuarios y de la construcción, asumir conciencia nacional, desarrollar un sentido de compromiso con su pais, de manera que contribuyan a la sustitución paulatina de la mano de obra ilegal. Es imperativo que estos hagan un esfuerzo serio por pagar los salarios adecuados a los trabajadores dominicanos, aunque haya que renunciar a las ventajas particulares para privilegiar el interés general.
