Buenos días. A los propósitos de cambios y modificaciones que el Gobierno viene anunciando en los últimos meses, se sumó ayer la información de que se pretende limitar el enorme presupuesto para publicidad en las instituciones públicas. Aunque Jochi Vicente, el ministro de Hacienda, no lució lo suficientemente explícito respecto al enfoque y delimitación de la posible medida, es válido que la autoridad al menos declare su intención de poner atención a un tema que tiene que ser abordado con responsabilidad. Y talvez lo más significativo de la intención es que esa limitación, sea consignada preferiblemente en una ley, no en decisiones administrativas, a los fines de garantizar que la chorrera de gasto en publicidad gubernamental, cuente con un filtro eficaz. Nadie niega que los gobiernos tienen derecho a promover sus obras e inversiones, solo que es un absurdo que nos demos el lujo de gastar 6, 7 y hasta 8 mil millones de pesos al año en un renglón para nada prioritario y que amerita ser racionalizado sin demoras. Cualquier intento por regular ese gasto debe aprovecharse para establecer criterios coherentes respecto al mismo, por igual, para inculcar equilibrio y justicia de modo que el reparto no siga siendo antojadizo, disparejo, interesado y caprichoso. Una legislación en ese norte debe estimular la sostenibilidad de las iniciativas mediáticas, pequeñas y medianas, también las comunitarias, que no tienen forma de sobrevivir sobre todo en municipios y provincias aparatadas de las grandes metrópolis. Ojalá y eso se tome en cuenta, pero que se haga bien.
