Xiomara Castro identifica sus metas de Gobierno

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La mandataria se comprometió a erradicar la corrupción existente en la nación centroamericana. 

Empoderar a la mujer y defender los Derechos Humanos de toda la ciudadanía, así como generar empleos, estarán entre las prioridades gubernamentales. 

Xiomara Castro, presidenta electa de forma democrática en Honduras, tomará posesión este jueves 27 de enero para gobernar el país durante el cuatrienio 2022-2026, en calidad de sucesora de Juan Orlando Hernández.

Castro, líder del Partido Libertad y Refundación (Libre), se impuso con mayoría de 1.716.793 votos e hizo historia al convertirse en la primera mujer elegida como mandataria de la nación centrocaribeña.

Conozca entonces cuáles serán los principales objetivos de su programa de Gobierno, el que pretende sentar sobre bases de una democracia participativa refundada sobre criterios renovados, y nacidos del debate general.

Derechos sociales

Por lo que será esencial la construcción de un sistema político el cual facilite a los ciudadanos la capacidad para asociarse y organizarse con el fin de incidir en las decisiones públicas de manera realista, responsable e informada; ya sea a través de mecanismos directos o del voto en plebiscitos, referendos y consultas ciudadanas.

Además proyecta la defensa y protección desde el Ejecutivo de todos los derechos ciudadanos, así como también apostarán por la independencia e imparcialidad de la justicia, que debe alcanzar a todos en forma equitativa en aras de garantizar una vida digna, empoderando a las comunidades para la gestión autónoma de sus conflictos, y devolviendo a todos sus derechos a la defensa propia.

Esta voluntad gubernamental implica que la mayor inversión se concentrará en políticas públicas que respondan a los principales problemas en educación, salud, vivienda, empleo y seguridad, juventud y mujeres.

Mejor salud y más empleo

Una expresión inmediata en el sistema sanitario será la eliminación de todos los cobros en hospitales y centros de salud públicos; así como ampliar y seguir minuciosamente las compras de medicamentos y reactivos de laboratorio para toda la red pública a nivel nacional.

A lo que se añade la modernización y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento de salud; además de priorizar la inmunización total de la población.

Otra prioridad de Libre, será la reducción del desempleo mediante la generación estimada de 200.000 puestos de trabajo en dos años, lo cual contribuirá igualmente a erradicar el hambre, la migración y la exclusión.

Para ello proyecta cancelar monopolios y oligopolios, así como erradicar la Ley Orgánica de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE); unido a una reducción sustantiva de los intereses bancarios para que más hondureños tengan acceso a créditos. Mientras, prevé renegociar la deuda exterior con el fin de sanear las finanzas públicas y buscar financiamiento con mejores condiciones para el país.

Otro punto medular de su agenda se centrará en las mujeres y los jóvenes, para quienes se destinará un fondo de capital semilla en aras de impulsar emprendimientos; acompañado del incentivo a la economía comunitaria, y la intención del aumento del salario mínimo gradual persiguiendo que cada familia aumente sus ingresos y mejore su calidad de vida.

Lucha anticorrupción

Además coloca como una necesidad la instalación, de conjunto con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), de la Comisión Internacional para el Combate de la Impunidad y la Corrupción en Honduras (Cicih), con el propósito  de erradicar la opacidad en el Estado.

Esta comisión pretende crear un Código Penal que sustituya el Código de la corrupción, así como trabajar de conjunto con la Policía comunitaria en todos los barrios y las aldeas, de forma coordinada con la Policía Nacional Preventiva.

Honduras atraviesa una situación de crisis múltiple desde hace años, acrecentada con el aumento de los niveles inflacionarios, fijados en 5.32 por ciento al cierre del 2021, y por encima de los 4.01 registrados en 2020.

Cuestión expresada en el aumento de precios y carestía de alimentos, elevados costos del agua, la luz, el transporte y las medicinas; además de cientos de empresas y miles de emprendimientos que quebraron.

A lo que se añade ausencia de control en la gestión pública, impunidad, tolerancia a la corrupción y los daños ocasionados por los huracanes Eta e Iota.

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