El periodista, genuino Defensor del Pueblo

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Oscar López Reyes 

En una sociedad con tantos quebrantamientos a los derechos fundamentales de la población civil y falencias institucionales, la prensa ha sido la más alta tribuna para denunciar y corregir ultrajes, y el periodista el más tenaz, genuino y arriesgado Defensor del Pueblo. Por ese rol, muchos de ellos sufren vejámenes y la eliminación física.

 Más que todas las instituciones, los periodistas se han deslumbrado como los más antiguos y prestantes baluartes en la solidaridad ciudadana. Son un símil, en amplia longitud, de Defensor del Pueblo. cada uno lleva en su alforja un cúmulo de experiencias, hija del sacrificio, por su apoyo/ayuda con los más desprotegidos y vulnerables.

 Cuando a un poblador rural lo despojan de su propiedad acude primero a un medio de comunicación, igual que si un habitante urbano o metropolitano sufre una embestida física. Solicita su amparo un empleado que le quitan arbitrariamente su empleo, ronca por el auxilio de ellos un vecino sofocado por la persecución de una autoridad policíaco/militar y reclaman su socorro dolientes de un paisano que le han suprimido la vida. 

 Primero y después, los periodistas son el refugio de los ciudadanos afectados por desafueros. Y resulta así por su sensibilidad profesional, y porque son un poder y un contrapoder.

 El periodista lamina como el más confiado y legítimo ente de intermediación, al margen de cualquier gazapo o santurronería. Sería un acto de justicia que uno de sus miembros con cualidades para el cargo, según la ley, sea escogido como Defensor del Pueblo, para actuar desde el Estado –con el respaldo de la mayoría de sus cuatro mil colegas- como un protector de la colectividad, para y darle participación jerárquica y prestancia a este sector profesional.

 En República Dominicana, la figura del Defensor del Pueblo fue creada
mediante la Ley 19-01, del primero de febrero de 2001, modificada en sus artículos 4 y 7 por la Ley 367-09, y constitucionalizado en el 2010. También se vincula con otras normativas, como las de la Policía Nacional, los partidos y agrupaciones políticas, la salud mental, la electricidad y la estrategia nacional de desarrollo 2030.

 Un periodista de largo batallar, apropiada formación y experiencia administrativa, académica, profesional, gremial, bibliográfica, en organizaciones comunitarias y equilibrio socio-político, merece ser el Defensor del Pueblo. Sería un reconocimiento a los periodistas, para que no se le vea tan solo como un reportero, sino como un prestante servidor del Estado.

 ¿Puede ser acreedor de esa alta función un periodista que, durante décadas, ha trabajado por los derechos humanos, el medio ambiente, la mujer, la niñez, la juventud y la protección del consumidor, y que ha escrito más de 20 libros sobre estos temas?

 Apunta como prioritario la implementación de campañas por la aplicación de la Constitución y las leyes. Desde el ciclo primitivo, la imposición de reglas de conducta, vía los códigos, ha sido clave para el funcionamiento ordenado y armonioso de las sociedades, y las veces que han sido quebrantados sobrevienen el caos, la inseguridad y la disolución de las instituciones jurídicas y la autoridad.

 La República Dominicana ha estado transitando por el delicado tabloncito del irrespeto a las normas de control social, por conveniencia, desconocimiento de las leyes, por arrogarse prerrogativas no adquiridas y por una inadecuada interpretación de la democracia y el derecho a vivir.

 Subvierten el ordenamiento jurídico desde las élites del poder político y empresarial hasta las capas más menesterosas: corrupción, contrabando, evasión fiscal, apropiación de cañadas y cerros para construir casuchas, instalación de talleres y tarantines en calles, e inobservancia a preceptos de comercio, tránsito, medioambientales y laborales.

 Una porción mínima de los que violan las leyes purgan penas en las cárceles, y a la inmensa mayoría no le aplican ni una simple multa, y esto amerita atención, porque un colectivo social no puede funcionar bien con tanta desobediencia a las legislaciones establecidas.

 Las leyes tienen que ser aplicadas sin contemplación ni autochantaje, y gobierno, universidades, gremios, fundaciones y grupos comunitarios deben acompañar a la Defensoría del Pueblo en esas campañas para darlas a conocer más, y poner en vigencia la noción del contrato social a que en 1762 se refirió Juan Jacques Rousseau.

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