El contrabando fue el último escándalo del siglo XX

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El PLD Y LA HISTORIA DE LA CORRUPCIÓN EN REPÚBLICA DOMINICANA

Por Arcadio Vargas Everts   (KAYAYO)

Arcadio Vargas Evertz

 (Parte 3)

El contrabando: el último escándalo del siglo XX

En el contexto del proceso electoral del año 2000, los grupos de poder tradicionales se enfrentaron entre sí y contra otros grupos emergentes. La esencia de esta controversia queda evidenciada en una modalidad tan añeja como la América de los conquistadores, cuando la clase dominante establecida combatía la formación de nuevos grupos que le hicieran competencia en su negocio más preciado: el contrabando.

Esa práctica contrabandista, figura que ha sobrevivido a lo largo de la historia dominicana, es la misma que produjo las devastaciones de Ozorio en los años 1605 y 1606; la creación del Estado haitiano, que también se mantiene del contrabando, y muchos otros acontecimientos, algunos beneficiosos y otros traumáticos, como los llamados Doce años de Balaguer, tiempo en el que se formaron varios grupos de poder que integraban jerarcas militares que, gracias al contrabando permitido desde el gobierno, sumaron a sus poderes castrenses poderes políticos y económicos con los que sustentaron bandas paramilitares y eliminaron a casi todas las voces disidentes.

Fue el contrabando la causa del juicio y encarcelamiento del expresidente Salvador Jorge Blanco, quien formó un nuevo grupo de poder en cuya cabeza aparecía el empresario Leonel Almonte y, como veremos más adelante, constituye una experiencia repetida en el primer gobierno del PLD, que a través del contrabando y el control de las ondas hertzianas, enfrentó a los grupos tradicionales, quienes se radicalizaron desde las primeras planas de sus diarios y desde sus medios electrónicos contra el gobierno del presidente Leonel Fernández y del candidato presidencial del PLD, licenciado Danilo Medina, al que derrotaron en sus primeras aspiraciones por llegar al Palacio Nacional. Algunos de estos grupos de poder sangraron por sus heridas y sus medios fueron enérgicos en la denuncia y enfrentamiento del contrabando.

El contrabando: último escándalo del siglo XX

El viernes 11 de diciembre del año 1998 la portada del periódico El Nacional desplazó de extremo a extremo en su cuadrante superior el siguiente titular: DESMANTELAN RED CONTRABANDISTA. Desde entonces y hasta julio del año 2000, el discurso mediático en forma de crónicas informativas y comentarios editoriales sobre el tema, daban cuenta de que cientos de furgones repletos de neveras, estufas, acondicionadores de aire, equipos de música, televisores, radios, inversores y otros, pasaban por Aduanas y desaparecían sin pagar un centavo. Se hacía referencia también a que los expedientes de las mercancías retiradas se esfumaban de las oficinas y que el sistema de cómputo era saboteado.

El tema mereció una especial atención de los diarios del Grupo Corripio. Hasta donde llegaron las investigaciones oficiales y las versiones servidas por los periódicos El Nacional y Hoy, también por otros medios informativos del país, se produjo el arresto de 50 funcionarios y se recuperaron 200 de un estimado de 360 millones de pesos dejados de pagar al fisco por los evasores y contrabandistas.

Algunos empresarios fueron vistos en Aduanas pagando parte de los aranceles evadidos, entre ellos, según una crónica de El Nacional, el señor Juan Ramón Díaz. A este se le atribuye ser protegido por sectores del gobierno peledeísta, en torno a quien se habría creado un nuevo grupo de poder, y fue uno de los más combatidos por los grupos tradicionales que enfrentaron las aspiraciones del candidato oficialista.

El primer editorial sobre el espinoso tema fue publicado en el matutino Hoy el día 12 de diciembre del año 1998 y reproducido por el vespertino El Nacional, de la misma fecha, con el macrotexto local titulado: A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS: ESTA PUEDE SER LA SOLUCIÓN.

Y los siguientes microtextos:

“Se nos ocurre que se podría establecer un sistema que nada tiene de sofisticado y es de fácil cumplimiento. Ese sistema consistirá en invitar a los importadores, digamos, de efectos electrodomésticos, para citar un caso específico, a presenciar la verificación de cuantos furgones se traigan al país cargados de mercancías.

Con el valor de las mercancías importadas no habrá problema alguno que lesionara a unos importadores en perjuicio de otros, dado que el citado valor es el establecido en las listas de Aduanas. Es decir, el precio es igual para todos, y de la misma manera será igual para todos, el impuesto a pagar.

De esa manera las aduanas estarían cobrando por todas las mercancías importadas y no se podrían evadir los impuestos, en vista que resultaría imposible, por ejemplo, que se verificara un furgón y otro se entregara sin hacer la operación. Los importadores de hecho serán auxiliares de Aduanas”.

Esta parte editorial de Hoy fue reproducida en la página 8 de El Nacional de ese mismo día. El Grupo Corripio planteaba por primera vez la creación de una Comisión de Verificación de Aduanas, que se encargara de la vigilancia de cada furgón que se abriera en presencia de los importadores, medida que fue implementada posteriormente pero que no tuvo ningún efecto puesto que los importadores denunciaron que en horas de la noche, supuestamente eran sacados furgones de Aduanas sin la debida vigilancia, y se quejaban de que empresarios colocaban en el mercado mercancías, como los televisores Samsung, a precios más bajo que su distribuidor y representante exclusivo, a saber, Distribuidora Corripio.

Las autoridades de Aduanas extendieron sus indagatorias hasta otros evasores y buscaban descubrir si la red de contrabandistas tenía enlace internacional con empresas fantasmas en Miami y si se trataba de la misma estructura mafiosa montada años atrás por Anisia Rissi de Mercedes. En plena campaña electoral de 1994, específicamente en el mes de abril, el entonces presidente de la República, doctor Joaquín Balaguer, destituyó al director general de Aduanas, Teófilo –Quico- Tavar, y nombró en su lugar a la dirigente reformista Rissi de Mercedes.

“¿Por qué esa maniobra? Porque el presidente Balaguer necesitaba ganar esas elecciones utilizando los recursos del Estado. Por eso destituyó a Quico Tavar y plena campaña electoral…”, respondió meses después el hoy fenecido doctor José Francisco Peña Gómez, luego que el escándalo estallara y llevara a la cárcel de Najayo a la directora de Aduanas Anisia Rissi de Mercedes. El propio Balaguer reveló en el Congreso, en su alocución ante la Asamblea Nacional el 27 de febrero de 1995, que 4 mil 572 empresas estaban involucradas en la estafa que afectó al Estado con más de mil millones de pesos. El mandatario puso la lista de los evasores en manos del Consejo Nacional de Hombres de Empresas.

Era un secreto a voces que muchos grupos empresariales congeniaban y colaboraban con Balaguer, recibiendo a cambio la permisividad oportuna para el enriquecimiento, vía la evasión de impuestos y otras concesiones especiales. A cambio de ese apoyo, Balaguer tocaba a estos empresarios, en su gran mayoría tradicionales, quienes acudían al Palacio ante la señal enviada por el viejo mandatario a través de inspectores, especialmente en épocas de elecciones para que entreguen sus contribuciones económicas.

Pero esta vez los grupos de poder tradicionales no estaban dispuestos a dejarse suplantar y ni siquiera a permitir competencia de nuevos grupos, forjados bajo el manto del gobierno del PLD y precisamente alimentado por el contrabando. Los medios de prensa al servicio de estos fueron coherentes en esa estrategia. El 17 de diciembre de 1998, El Nacional reprodujo otro editorial tomado del matutino Hoy y que se titulaba PARA ADUANAS:

“Hoy ha expresado, en reiteradas ocasiones, que la encomiable gestión de modernización en la Aduanas, incluyendo sus trámites, deben pasar por el tamiz de la psicología dominicana, muy especialmente por la de los importadores y la de los servidores públicos.

Habíamos manifestado nuestra inquietud por la facilidad que significaba la verificación a destino y la confianza relativa que las Aduanas dominicanas daban a las cartas de garantías de valores de los importadores.

En estos días se ha confirmado lo que además de ser un rumor a voces es a la vez una práctica desleal conceptudinaria; gran parte de los importadores de electrodomésticos han estado, por diversas formas, evadiendo multimillonarios pagos de derechos, maniobra que a su vez sirve para desplazar del mercado y llevar una operación sin beneficio a los competidores que no obtemperen con esas prácticas, que no son otras cosas que contrabando.

Sin embargo, ese mismo tratamiento igualitario no ha podido ser logrado en la verificación. La experiencia lo ha demostrado una vez más. Solamente si la Dirección General de Aduanas adopta medidas de fondo, podría tenerse una relativa confianza en la terminación de esta dolosa práctica. En consecuencia, reiteramos una vez más la absoluta necesidad de que Aduanas no haga verificaciones de electrodomésticos a destino, ni verificación en los muelles sin la presencia de las personas de los competidores que así deseen comprobar la exactitud y transparencia de dichas verificaciones. Se pondría, para ello un programa, ya sea diario o semanal, de importaciones a ser verificadas.

Solamente aquellos que piensen favorecerse del ocultamiento podrían quejarse de esta práctica, pues la verdad nada tiene que ocultar. Podrían alegarse muchos argumentos intrascendentes para oponerse a este procedimiento. Consideramos que todos ellos no serán más que excusas para impedir que únicamente la eficiencia empresarial, la capacidad de mercado y los buenos y legítimos precios establezcan las diferencias entre competidores, evitando que continúe la práctica de que la riqueza o el progreso económico tengan que pasar previamente por los muelles.

Lo anterior se refiere a electrodomésticos, pero debiera ser aplicado a un sin número de renglones que también adolecen de las mismas irregularidades desde hace tiempo, aunque con menos publicidad, ya que son artículos de menor volumen físico pero no por ello menos importantes.

Otro aspecto a tener en cuenta es el uso sospechoso de lo que llamamos libertad de puerto. Nos explicamos: un sinnúmero de importadores, por ejemplo, de la capital, han utilizado en el pasado y todavía en el presente, puertos del interior del país, muy lejanos a sus almacenes, y gustosamente han venido pagando altísimos fletes para acarrear sus importaciones desde remotos lugares sin ninguna explicación lógica, a no ser lo que todos conocemos y en lo que los lectores que no son idiotas, están pensando”.

Con esta postura el grupo Corripio lanza un aullido de dolor y no solo dirige sus misiles lingüísticos contra los empresarios estafadores y evasores de impuestos, sino que es un grito en contra de las autoridades aduanales del gobierno peledeísta. La opinión pública está frente a la denuncia de un complot para beneficiar a un grupo y perjudicar a otro. Poco faltó para una declaración de guerra contra los propiciadores del plan y los protectores de competidores desleales, esto es. Contra la creación de nuevos ricos a través de los muelles.

CONTINUARÁ

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