Ferviente clamor de los periodistas por una nueva ley de colegiación

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Por William Espinosa

William Espinosa

Periodista y abogado

El Colegio Dominicano de Periodistas es una institución con personería jurídica y patrimonio propio, integrado por profesionales del periodismo, que fue creado mediante la ley 10-91, (en lo adelante, Ley de Colegiación Periodística), promulgada el siete (7) de mayo del año mil novecientos noventa y uno (1991), por el presidente constitucional de la República doctor Joaquín Balaguer, la cual recientemente cumplió veintinueve años, estamos hablando de casi cuatro décadas de vigencia.

Hay que recordar que  previo a la promulgación de la citada Ley de Colegiación Periodística, existió la número 148 de fecha 30 de junio de 1983, creada durante el cuatreño del presidente Jorge Blanco, quedando esta última sustituida y derogada por la primera producto de una sentencia dictada en fecha 14 de marzo de 1988 por la Corte de Apelación Penal del Distrito Nacional, la cual en su tercer dispositivo declara inconstitucional la señalada ley 148, por haberse aprobado en tres legislaturas, en violación, de acuerdo al tribunal, a la Constitución vigente de la época, y por el hecho de que el Colegio Dominicano de Periodistas no era parte del proceso, en consecuencia no tenía a su favor ninguna acción de derecho.

Ahora bien, esta sentencia que declaró inconstitucional la mencionada ley, sí fue atacada por vía de un recurso de casación interpuesto por la Procuraduría General de la Corte de Apelación de Santo Domingo, en la persona de la doctora Gisela Cueto, por ante la Suprema Corte de Justicia, siendo finalmente rechazado por el máximo tribunal  judicial mediante sentencia Número 1, del 1 de septiembre de 1989, el cual declaró la nulidad de la ley 148 del 30 de junio del 1983, por considerar que era violatoria de derechos humanos protegidos por la Constitución, principalmente lo que disponía en su artículo 20, que hacía obligatorio el registro previo del título en el Colegio Dominicano de Periodistas para poder ejercer el periodismo, y que de acuerdo a la Suprema esta disposición contrariaba al texto constitucional, en su artículo 8, párrafo 6 y otras previsiones de la Constitución de la República, así como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, de igual manera, la Convención Norteamericana sobre Derechos Humanos, y además creaba un impuesto “como  privilegio en favor de una clase determinada y su recaudación queda a cargo de agentes desprovistos de calidad oficial, y en general, crea una serie de requisitos y exigencias que menoscaban la dignidad de la clase de que se trata”. Y así quedó sepultado  nuestro primer Colegio Dominicano de Periodistas.

Que la Constitución vigente cuando se produce la sentencia supraindicada era  la de 1966, que estuvo en aplicación hasta que fue modificada en el año 1994, y en el artículo 8, párrafo 6,  establecía: “Toda persona podrá sin sujeción a censura previa, emitir libremente su pensamiento mediante palabras escritas o por cualquier otro medio de expresión, gráfico u oral. Cuando el pensamiento expresado sea atentatorio a la dignidad y a la moral de las personas, al orden público o a las buenas costumbres de la sociedad, se impondrán las sanciones dictadas por las leyes».

Los periodistas comparten la idea, digamos, una pretensión común de mejorar los niveles de profesionalización del periodismo, disfrutar de un marco legal y social acorde a la Constitución de la República Dominicana, los Tratados, Convenciones y Declaraciones sobre Derechos Humanos, que se respete con dignidad esta actividad considerada por el escritor colombiano Gabriel García Márquez, como “el mejor oficio del mundo”, y claman por la unidad de los colegiados y la necesaria discusión con la participación de toda la membresía en un nuevo Anteproyecto de Ley.

Respecto a esa necesidad, el veterano periodista y dirigente gremial Perfecto Martínez, así como los movimientos periodísticos “Corriente Institucional del CDP” y “Dos Generaciones”, han jugado un rol preponderante, convirtiéndose en promotores de primer orden de esa unidad. Martínez  ha reiterado con énfasis que al margen de una unidad que se coloque por encima de las pugnas grupales y las malquerencias personales, no habrá progreso en las metas a conquistar por el CDP. En su más reciente pronunciamiento público sobre el particular, subrayaba que: “El llamado a la unidad en torno al CDP ha sido un clamor sincero y de muchos años en buena parte de los periodistas colegiados de Santiago de los Caballeros. Desde aquí se han lanzado varias iniciativas, entre ellas, “Suma un Paso por la Unidad”, presentada en el 2019, y que  al final 257 colegas firmaron una proclama por la unidad de los periodistas”.

Recientemente más de un centenar de periodistas colegiados han participado de paneles virtuales, donde han manifestado su clamor de manera ferviente, por una necesaria y urgente modificación a la Ley de Colegiación Periodística. Dentro de los puntos a considerar en una posible reforma sugieren: autonomía presupuestaria del CDP, asistencia social y una justa seguridad social, cobro efectivo del por ciento por publicidad pagada, adecuación de la ley a los nuevos tiempos tecnológicos, que se regule el ejercicio de la profesión, debiendo cumplirse con el requisito de estar afiliado al CDP, y aducen que en los actuales momentos la profesión está denigrada ante la usurpación de algunos que incursionan en la actividad periodística, sin la más mínima formación académica, empero, suelen llamarse “periodistas”, y citan como ejemplo, el caso de los abogados, los médicos, los ingenieros, los contadores públicos, que para ejercer deben ser egresados universitarios. Sin embargo, el tema central y que concita mayor interés en los periodistas, es, este último, el de la de la regulación de la profesión, es decir, ¿  quién debe considerarse periodista profesional ?. En ese sentido, ante la preeminencia del tema le dedicaremos mayor atención en el presente artículo.

El artículo 4 de la ley de Colegiación Periodística expresa: “  Para los fines de esta ley, y otras leyes, se considera periodista profesional al graduado de las escuelas de periodismo y/o comunicación social de nivel universitario, y al que tiene por ocupación principal, regular y retribuida, buscar, obtener y emitir informaciones u opiniones en publicaciones periódicas, en medios audiovisuales, en agencias de noticias en oficinas y agencias destinadas a la distribución de informaciones, y que obtiene de esa ocupación los principales recursos para su subsistencia”.

Que como puede observarse, aquí el legislador para definir quien se considera periodista no hizo una diferenciación entre el mundo universitario y el mundo del trabajo vinculado con la profesión, que era lo que en realidad procedía, resultando esta disposición legal contraria a la Constitución vigente, a la excepción al principio de igualdad, contenida en el artículo 39, numeral 1, parte final, que reza: (…) ‘’entre quienes no debe existir otras diferencias que las que resulten de sus talentos o de sus virtudes”.

Somos de opinión que respecto al tema no hay mayores inconvenientes, que no existe tal ambigüedad, solamente hay que adecuar la ley a la Carta Sustantiva, porque la Constitución en su artículo 49, sí hace la separación que no materializa la ley de Colegiación Periodística. En la primera parte, el señalado artículo refiere de manera general al derecho que tiene toda persona a buscar, investigar, recibir y difundir información de todo tipo, de carácter público, por cualquier medio, canal o vía, conforme determinan la Constitución y la ley. (Obsérvese que a tal actividad el legislador no le da a su titular la categoría de periodista). Mientras que el numeral 3, sí hace referencia de manera especial y específica al periodista (el secreto profesional del periodista).

El Colegio Dominicano de Periodistas tiene en este momento la pelota sobre la cancha, solo corresponde ahora que designe a sus mejores prospectos, a fin de someter ante el Congreso Nacional un Anteproyecto de Ley que tienda a mejorar notoria y significativamente los niveles profesionalización de sus miembros, que esté a tono con el sentir de la gran mayoría de los periodistas, que garantice a los periodistas los mecanismos de asistencia social, a ellos y a su familia, el disfrute de una vida digna y un ejercicio profesional con sujeción a las normas éticas, un CDP más cercano a sus miembros y a la sociedad, actualizado a los tiempos tecnológicos  y que la nueva ley establezca claramente que se considera periodista  profesional al graduado de las escuelas de periodismo y/o comunicación social de nivel universitario.

 

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