Delitos e impunidad mediática

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Por Oscar López Reyes

Las palabras laten con supremacía en coliseos, tejados y cubiertas de las más dispares metrópolis y campiñas para románticamente conquistar corazones y seducir en el consumo de bienes tangibles e intangibles, como el voto. Y, también, para cercenar honras ganadas en largos trayectos de vida, destrozar empresas y desarticular proyectos presidenciales.
La suciedad lingüística provoca daños psicológicos, morales y económicos en los enlodados, y deja huellas imborrables en la familia, la vecindad, los centros de estudios y laborales y otros espacios. En esa posada, el delito del vocabulario suscita más menoscabo y sufrimiento que la muerte.

Abundantes de escenas sangrientas y pornográficas, los medios son especies de retretes, donde deslenguados expulsan, como laxantes, los improperios más hediondos y espeluznantes, que se traducen en escarnios, con emanaciones lastimosas, porque desfiguran las imágenes de personas con trayectorias cimentadas en acendrados principios ético-morales.

Históricamente, la libertad de pensamiento y el derecho a la información han sido regulados, y su vulneración castigada con cautiverios y multas/indemnizaciones civiles/patrimoniales. Estas últimas no bastan para el escarmiento, porque difamadores son insolventes, o pagan una parte de los emolumentos cobrados para cumplir su despropósito.

El neoliberalismo comunicacional ha devenido en un traumático universo impúdico y, no obstante, maniqueando en la obsoleta “libertad de prensa”, litorales mediáticos cundidos de miedo han influenciado para imponer la desacertada autorregulación o desregulación. Esas cantaleadas reglas han fracaso estrepitosamente, y la práctica demuestra que la despenalización no construye, sino que destruye.

Las monedas no reparan los perjuicios inferidos, y la despenalización incentiva, como el Código Procesal Penal, la comisión de delitos. No se criminalizan las palabras, sino el daño que causan las palabras. Por lo tanto, el encierro es preferible que el nicho.
La ultra-autonomía mediática auspicia la impunidad e incrementa las agresiones físicas contra periodistas. En esa tesitura, las prisiones estipuladas en las leyes de partidos políticos y régimen electoral –aunque diez es mucho- ayuda a que se ejerza un periodismo más responsable, que sirva como disuasivo, más ahora con la penetración de un capital extraterritorializado cada vez más oscuro.

Igualmente, tenemos que evitar la unilateralidad legislativa. En esa línea, se impone reforzar las legislaciones sobre el derecho y el libre acceso a la información, la radio, los audiovisuales, el hábeas data, la publicidad estatal, la publicidad privada, las telecomunicaciones, la tecnología digital, la colegiación periodística y otras, que convergen en el Código de la Comunicación.

En vez de la fuerza, los vilipendiados deben apelar a la razón y a la ley, para desenmascarar en los estrados a los que se regodean con las demasías verbales, la incitación al irrespeto y desorden, el chantaje para obtener prebendas y la difusión de imágenes perturbadoras para lucrarse.

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