¿Debe ser juzgado Danilo Medina?

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Oscar López Reyes

(I)

El domingo 20 de mayo del 2012 deposité en la urna la boleta en favor del candidato presidencial Danilo Medina Sánchez, cautivado por un discurso realista y sincero, especialmente en la fístula de la corrupción, pero no así en el 2016. A raíz de despedirse del solio palaciego, en el 2020, condómines del Malecón Center me saturaron con informaciones sobre su comportamiento, que me dejaron estupefacto y tan sumergido en la duda que opté por no publicarlas. Ahora las imputaciones del Ministerio Público me obligan a formular la pregunta: ¿debe ser interrogado…?

Al bajar el telón de la reunión con los condómines, recordamos al profesor de comunicación y escritor Felipe (Lipe) Collado (San Carlos 1947-2016), quien como dos meses antes de los referidos comicios, en una tertulia de periodistas e intelectuales, puntilló, más o menos, que “el cuadro indica que Danilo ganará las elecciones. Tendremos un delincuente político como presidente, que no tiene límites. Yo lo conozco desde que estaba en la izquierda. El pueblo llorará lágrimas de sangre”.

En el ejercicio profesional entrevistamos y dialogamos numerosas veces con los presidentes Antonio Guzmán Fernández, Salvador Jorge Blanco, Joaquín Balaguer, Hipólito Mejía y Leonel Fernández. No sabemos si por un embrujo del destino, nunca pudimos siquiera saludar a Danilo Medina Sánchez, pero no obstante con la más noble intención le aconsejamos públicamente -por los datos que recibíamos-, que súbditos señoriales aprovechaban su intimidad y confidencias para defraudar.

En un artículo titulado “La afectividad presidencial”, difundido en el vespertino El Nacional (16 de julio del 2019) y en más de 20 digitales, advertíamos que la complacencia del mandatario, en una especie de amor romántico o platónico con parientes y compañeros, en el caserón de sus veleidades, yugulaban en la desventura-desdicha y que, por ese querer-agradecer-complacer, algunos jefes de Estado han concluido en ergástulas y en el zafacón de la historia.

Extrañado o no, sobrecogido o no, el lobo ha llegado…. Las campanas replican, con un sonido tenebroso y sombrío, y sus destellos cruzan, en una pendiente enjabonada, por el ombligo de Medina Sánchez. Son seis las operaciones (Antipulpo, Medusa, Caracol, Larva, Coral, Coral 5G y Operación 13) desplegadas diestramente por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), órgano de la Procuraduría General de la República, que se enrollan en la cabeza y los pies del ex gobernante.

En los más de 178 años de historia republicana no tienen parangón los allanamientos, arrestos, ocupaciones de propiedades, elementos de pruebas y las medidas de coerción, como las prisiones preventivas y domiciliarias, que en más de 100 imputados dejan sombras necrológicas en los linderos de lo “tristefunestoangutioso”.

Más espinosas y pesadas no podían ser las acusaciones: desfalco contra más de 20 instituciones del Estado, falsificación de documentos públicos, múltiples procesos de compras simulados, lavado de activos, tráfico de influencias, enriquecimiento injustificado, cohecho, soborno, prevaricación, concusión, complicidad para las estafas, transacciones fraudulentas, financiamiento ilícito de campañas electorales y otros delitos de cuello blanco. Las cifras citadas son más de 78 mil millones, más de 9 mil millones, 6 mil millones, 4 mil 500 millones, 500 millones, etc., que suman unos 100 mil millones de pesos.

El ex presidente Medina Sánchez acampa en un solar desértico, con llamaradas por arriba y por abajo, sin una brisita que mengue las lenguas de fuego. Están involucrados, en ese carrete de corrupción, sus hermanos Alexis, Magaly, Aracelis, Lucía y Milcíades; sus cuñados Luis Ernesto de León, y Alexander y Maxi Montilla Sierra; primos y otros íntimos; su procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez; el jefe y el subjefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial, generales Adán Cáceres y Julio Camilo de los Santos Viola; otros generales, coroneles y guardaespaldas.

Los expedientes revelan un lodazal y pasman, en el corcel electrizante. Y el 19 de diciembre de 2021, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) se fue de bruces, en su pretensión de tapar, bajo las argucias de que se trata de ”una actuación inaudita, irresponsable, selectiva, difamatoria e inaceptable” del Ministerio Público, que busca “desacreditar” y “dañar la reputación” de Medina Sánchez. ¡Oh!, indio Duarte: “Ladran los perros afuera, como si fueran fantasmas”. ¡Me muero mama! ¡Agua mama!.

En otro lance, el día 21 del mismo mes, los diputados del partido morado abandonaron la sesión legislativa, para reclamar que no lo toquen, o sea, que prevalezca la impunidad. ¡Hola, mama; hola, papa!, ¡Papa mama loca pipa!, ¡Agua mama, agua Tata!

Danilo Medina Sánchez no tiene patente de corso, aquella antigua carta o documento de los gobiernos de España, Francia, Inglaterra y Estados Unidos que durante la Edad Media y la Edad Moderna autorizaba a perseguir a piratas, atacarlos y saquear embarcaciones y poblaciones sin ninguna consecuencia jurídica.

Tampoco está por encima de los estatutos legislativos. El artículo 39 de la Constitución señala que “Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley”, y que “La República condena todo privilegio y situación que tienda a quebrantar la igualdad de las dominicanas y los dominicanos”.

Por el cúmulo de señalamientos comprometedores, el Ministerio Público está compelido a interrogarlo. Si encuentra evidencias, entonces deberá procesarlo, y si las pruebas son fehacientes e irrefutables -como están brotando en el tránsito investigativo-, indefectiblemente que será condenado por jueces imparciales y competentes, apegados a los preceptos legales.

Como jefe de familia y de gobierno, ¿no conocía Danilo el más mínimo trámite oficial de sus hermanos y subalternos?
¿Por qué sólo en el expediente Antipulpo es mencionado 90 veces?
¿Por qué tantas omisiones y negligencias ante la sustracción de fondos del patrimonio público?
¿Divaga o no el Ministerio Público cuando sostiene que fue el escudo protector de su hermano Juan Alexis en los desvíos de productos financieros?
¿Tienen o no valor jurídico, como cuerpo de delitos, las confesiones incriminatorias de Pagán y otros ex funcionarios oficiales?

¿Serán descalificadas más de mil pruebas…?
¿Instruyó el presidente de la República al Ministerio de Hacienda y a la Contraloría General de la República a certificar los contratos a favor de su hermano Alexis y para colocar los recursos para el pago a sus suplidores?
¿Existe algún registro internacional sobre ilícitos penales?

Por corrupción, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y otros cargos judiciales más de dos docenas de ex presidentes de América Latina han sido juzgados, arrestados y sentenciados (algunos fugados y otros con solicitudes de extradición), como Carlos Menen y Cristina Fernández de Kirchner en Argentina; Fernando Collor de Mello, Lula Da Silva y Dalma Rousseff en Brasil; Jeanine Añez en Bolivia, Alvaro Uribe Velez en Colombia y Rafael Correa en Ecuador.

También, Francisco Flores y Mauricio Funes en El Salvador, Rafael Callejas en Honduras; Alvaro Colom, Alfonso Portillo y Otto Pérez Molina en Guatemala; Enrique Peña Nieto en México, Ricardo Martinelli en Panamá, y en Perú Alberto Fujimori, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski, Alejandro Toledo, Alán García y Martín Vizcarra. Los gobiernos actuantes no se resquebrajaron. ¿Puede ser Danilo Medina Sánchez la excepción? ¿Retaliación? y ¿persecusión?. Ya son argumentos defensivos manidos, destruidos por contundentes denuncias mediáticas y acusaciones de fiscales.

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