El PLD y la historia de la corrupción en RD-última entrega

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El PLD Y LA HISTORIA DE LA CORRUPCIÓN EN REPÚBLICA DOMINICANA

Por Arcadio Vargas Everts   (KAYAYO)

Arcadio Vargas Everts

 (última entrega)

Las ondas hertzianas: el nuevo botín del poder

Los empresarios de las comunicaciones, entre ellos las asociaciones de plantas televisoras VHF y UHF, así como la de Radiocomunicaciones (ANERCOM), la Asociación de Cables Vías Satélite y ADORA, se opusieron a la resolución 007-99 porque, a su parecer, constituía un peligro para sus intereses; alegando que la migración de canales y el carácter transitorio atribuido a las concesiones de frecuencias, programaría la desaparición de algunas estaciones. Pero fue el 17 de abril del año 2000 cuando se puso al descubierto los aprestos de sectores oficialistas, tras la salida del canal Digital 15. Un espacio pagado publicado en la página 13 del vespertino El Nacional se preguntaba:

“¿Cuál es la prisa? ¿Si ese Canal tenía más de 2 años con su licencia admitida, y sabiendo INDOTEL que había empresas operando con esa misma frecuencia por más de 12 años? ¿Por qué tanta prisa? ¿Por qué?

¿Por qué tanto atropello en aras de beneficiar a un empresario? ¿Qué motiva a INDOTEL a violar el artículo 8 de la ley 153-98 en todas sus partes? ¿Miedo a complacencia? ¿Acaso se consideran los propietarios del canal 15 con suficiente apoyo del gobierno para poner bajo sus pies a un instituto que se supone colegiado y el cual se mantiene con los millones de pesos que mensualmente contribuimos casi todos los dominicanos por concepto del 2 por ciento en las facturas de teléfonos, beepers y celulares?”

Días después apareció en el vespertino El Nacional el siguiente macrotexto como titular: DEMANDAN A TELEMICRO POR 290 MILLONES. El último párrafo de la nota decía: En ese sentido dijo que sería el canal 15 que tendría que hacer frente a esos gastos, lo que consideró ha postergado la decisión de INDOTEL de reubicar a las empresas que operan entre los 470 y 480 megahertz. Por otro lado, Henríquez dijo que el director ejecutivo de INDOTEL, Francisco Arias, le habría comentado que dada la relación del propietario de Telemicro (con el Gobierno) Ramón Gómez Díaz, se hacía difícil sacar al canal 15 del aire.

La primera plana del 20 de junio del vespertino El Nacional publica la renuncia de la dirección de INDOTEL del productor de televisión José Guillermo Sued; ese mismo día, en la página 25 del diario, se ofrecen detalles del sometimiento del Secretario Técnico de la Presidencia Temístocles Montás, y toda la plana ejecutiva de INDOTEL por parte de UNIBEEPER  y bajo la acusación de violar varios artículos de la Ley 153-98, del Código Penal y del Código Civil, tras conceder a Telemicro el cambio del canal 55 UHF al 15 en las frecuencias 476-478. Alejadamente, la empresa demandante ofrecía servicio a más de 3 mil 300 usuarios desde 1998.

Pero esta crónica fue opacada por los espacios que logró en todas las portadas de los diarios, la renuncia de Guillermo Sued y la designación del licenciado Mariano Germán al frente de la institución. La sección RADAR de El Nacional, del día 23 de junio publica esta advertencia con el siguiente título: Anticipo pleito casado, y que se refiere a que Milagros Ortiz Bosch y Milton Ray Guevara cuestionan la designación de Mariano Germán. El gobierno entrante evitará que el saliente se quede tres años más con el control de INDOTEL.

Desde entonces el caso INDOTEL estuvo todos los días en los periódicos y demás medios informativos. Hasta la organización izquierdista Fuerza de la Revolución, tomó partido a favor de un sector en pugna al pedir públicamente al electo presidente Hipólito Mejía, que quitara a Germán; esto ocurrió el 30 de junio del 2000, a 45 días de la juramentación de las nuevas autoridades gubernamentales. Para esa misma fecha, Fello Suverbí advertía que el PRD tenía la mayoría en el Senado para modificar la ley 153-98 y destituir a Mariano Germán, quien por ley fue designado para dirigir el organismo durante cuatro años.

Mientras todo eso ocurría en el ámbito del discurso mediático, la dirección de INDOTEL iniciaba el cierre de 132 emisoras ilegales en diferentes puntos del país y el presidente electo reiteraba su advertencia de que destituiría a Germán el mismo 16 de agosto, aunque para ello viole la Constitución de la República.

Durante el mes de julio siguieron los cierres de emisoras y la clausura de agencias por fraude; las acciones contra la evasión o contrabando y por el control de las frecuencias continuaban bajo presiones de los grupos de poder que, por medio del discurso mediático, hicieron valer su castigo al Gobierno y al candidato presidencial del PLD en las elecciones del año 2000.

El 27 de julio del año 2000, mientras que Hipólito Mejía insistía en que sacará a Germán de INDOTEL, según la primera plana de El Nacional de ese día, la institución publicó un espacio pagado en la página número 3  de ese diario para dar a conocer la resolución 600, pidiendo la intervención de la Suprema Corte de Justicia.

Mientras tanto, INDOTEL seguía cerrando emisoras ilegales, las opiniones sobre la litis entre el grupo entrante y saliente siguió copando los medios de comunicación; la lucha de los grupos de poder por el control de las frecuencias mostró su cara y sus garras; por fin, la Suprema Corte de Justicia conoció el caso y falló. Así lo desplegó el vespertino El Nacional como primerísima del 9 de agosto con el titular principal, el macrotexto que decía: SUPREMA ABRE VÍA QUITAR A GERMÁN:

 “La SJC declaró inconstitucional el párrafo 4 del artículo 81 de la Ley 153-98 que establece la inmovilidad por 4 años del Consejo Directivo de INDOTEL. La SCJ se amparó en el art. 55 de la Constitución que da poderes al Ejecutivo para quitar y poner”.

Complacido, el periódico El Nacional, en su edición del 10 de agosto, editorializó sobre el caso con el macrotexto que tituló así: LA SENTENCIA:

“Inestimable contribución al fortalecimiento de la democracia donde la Suprema juzgó un rol inteligente evitó conflicto jurídico, la puerta de la sala constitucional se abre para todos los ciudadanos que se consideren lesionados por una ley divorciada del texto sustantivo”

El Nacional ya circulaba cuando aprobaron dicha ley, pero no hubo editoriales para cuestionar los artículos de que se valiera la Suprema para considerarla inconstitucional. Germán acató la decisión del tribunal y prometió irse el 15 de agosto; el presidente Leonel Fernández también dijo acogerla, pero no la compartió por considerarla incongruente, desacertada y una derrota para el Estado de Derecho; un atropello a la inamovilidad que procura proteger al funcionario contra la arbitrariedad del Poder Ejecutivo. Sin embargo, la Suprema se había autoatribuido la inamovilidad de sus jueces.

 

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