Las ondas hertzianas: el nuevo botín del poder

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El PLD Y LA HISTORIA DE LA CORRUPCIÓN EN REPÚBLICA DOMINICANA

 (Parte 5)

Arcadio Vargas Evertz

Por Arcadio Vargas Everts   (KAYAYO)

Al final del primer gobierno peledeísta (1996-2000), en los archivos de INDOTEL habían registradas 191 emisoras en banda FM, 136 en banda AM, 20 de onda corta, 19 canales VHF, 51 UHF, 12 compañías de teléfonos, 58 compañías de servicio de cable y 11 mil 323 empresas de radiocomunicaciones. Desde su nacimiento, esta institución, que se sustenta económicamente con el 2 por ciento de las facturas telefónicas, de beepers (en esa fecha) y celulares, fue causa y escenario a la vez de encarnizadas luchas entre grupos de poder, que influyeron en la forma cómo los medios de comunicación manejaron el tema electoral.

Los escarceos enfrentaron de nuevo a los grupos tradicionales con sectores del gobierno y los nuevos grupos de poder, convirtiéndose el empresario Ramón Gómez Díaz en el centro de la guerra desatada alrededor de INDOTEL. Se atribuyó a esa lucha de intereses al malestar de grupos tradicionales frente al gobierno del presidente Fernández Reyna y el candidato presidencial del PLD en las elecciones del 2000, licenciado Danilo Medina.

El tema arrastra importantes antecedentes que, para comprenderlo mejor, hay que remontarse a lo que ocurrió en los primeros días de enero de 1997.

En el escritorio del presidente del Senado de la República, Amable Aristy Castro, descansaba el proyecto de ley sancionado favorablemente por ese organismo congresual, e inclusive, contaba con la firma de los senadores Enrique Pujols y Rafael Silverio. Solo faltaba la firma del presidente del hemiciclo para que fuera remitido a la Cámara de Diputados. Cuando Aristy Castro se disponía a rubricar el proyecto para remitirlo a la cámara de Diputados descubrió que había sido alterado. Un sonoro escándalo estalló en torno a la pieza.

El proyecto para la creación del INDOTEL había sido sometido por el Poder Ejecutivo, luego de un consenso entre los sectores vinculados a las comunicaciones. El trabajo de técnicos dominicanos y la asesoría de la Unión Internacional de Telecomunicaciones hicieron posible la modificación de la ley 908, del 10 de agosto de 1978, sobre telecomunicaciones, y se creaba la ley 153-98, es decir, el nacimiento de INDOTEL.

En cuanto al escándalo, aunque posteriormente se dieron a conocer los detalles de las alteraciones y sus responsables, en cualquier país que se respeten las leyes y las instituciones, el caso hubiese provocado la intervención judicial del Senado, costado la inmunidad parlamentaria y el encarcelamiento de los senadores envueltos y, probablemente hubiese constituido una vergüenza nacional capaz de provocar la caída del Gobierno. Pero en la República no pasó de ser un amarasco y hasta un chiste.

La pieza legislativa que había sido firmada por algunos senadores fue alterada con la inclusión del acápite 3, al artículo 119 que decía: “A partir de la entrada en vigencia de la presente ley, las empresas que poseen licencias y derechos adquiridos en cualquier banda o frecuencia en el espectro radioeléctrico y que, por razones de la presente ley y los reglamentos, se verán reubicados y deberán ser localizadas en otras frecuencias permisibles y compactibles con el servicio prestado”.

Los falsificadores maliciosamente agregaron una colectilla a la letra B del artículo 123 para adecuarlo al acápite 3 del artículo 119. Originalmente, la letra B establecía que: “Se modifica la Ley número 908 de fecha 10 de agosto de 1978; continuaba punto y coma y pasaba a la letra C; pero el punto y coma fue sustituido por una coma y se le agregó la expresión con las excepciones hechas en el artículo 119.3 de la presente ley”.

Se generó un conflicto que acaparó la atención de los medios informativos y de la opinión pública, pero terminó como un espectáculo cualquiera puesto que, al final, el señalado como principal responsable de las alteraciones al proyecto de ley, fue precisamente premiado como presidente del Senado. Aristy Castro dijo haber enviado el proyecto por error a la Cámara de Diputados y mediante carta pública pidió su devolución. Acusó de las falsificaciones el senador del Partido Revolucionario Dominicano por la provincia de Puerto Plata, doctor Ramón Alburquerque, quien habría procedido de esa forma para garantizar las frecuencias televisivas adquiridas antes de la aprobación de la ley.

Las denuncias de compra de respaldo no se hicieron esperar. El Fiscal del Distrito solicitó orden de prisión contra ejecutivos de empresas telefónicas y asesores de algunas de estas, mientras que el economista Luís Rafael Álvarez Renta, quien fungía como asesor externo de TRICOM, acusó al empresario Ramón Gómez Díaz de ser el responsable de su prisión y de haberlo presentado en los medios de comunicación como el que repartió dinero en el Senado para la falsificación de la ley de telecomunicaciones.

El economista acusó a Gómez Díaz de pasar constantemente un cintillo por el canal 5 donde los presentaba como El hombre del maletín, así como gastarse medio millón de pesos en una campaña publicitaria con 16 comunicadores, lo que consideró como un show que contaba con el concurso del Gobierno.

El 6 de enero de 1997 fue publicado un espacio pagado dirigido al presidente de la República, doctor Leonel Fernández, para plantear los problemas suscitados por las alteraciones y donde se le pide que obtempere el pedido de la senadora Milagros Ortiz Bosch, en el sentido de que el gobierno facilite la copia de la versión final para compararla con otras versiones existentes.

El documento está avalado por las firmas de Arturo Pellerano, presidente de TRICOM; Álvaro Nadal, vicepresidente de All American Cable Radio (AACR); Frank Jorge Elías, presidente de la Asociación Dominicana de Empresas de Cable (ADEC); Carlos Espinal G., presidente de CODETEL; Manuel Corripio, presidente del canal 11 (TELESISTEMA) y representante del sector televisión VHF; y Roberto Vargas, presidente de la Asociación Dominicana de Radiodifusora (ADORA).

Pero la lucha por el control de las ondas hertzianas no se queda ahí; el 7 de marzo del año 2000, a dos meses para las elecciones presidenciales (el proyecto duró casi un año para convertirse en ley, hecho que ocurrió en diciembre del 1997), se produjo una verdadera rebelión contra las autoridades peledeístas de INDOTEL, cuando todos los grupos tradicionales de poder, reunidos en los salones de Distribuidora Corripio, se opusieron a la resolución 007-99 sobre consultas para reglamento, registros, permisos y concesiones a los servicios de telecomunicaciones en el país, así como para el uso del reglamento del espectro radioeléctrico y el Plan Nacional de Distribución de Frecuencias.

CONTINUARÁ…

 

 

 

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