Fuerza del Pueblo hace observaciones plan Poder Judicial

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LA FUERZA DEL PUEBLO REALIZA OBSERVACIONES AL PLAN DE CONTINUIDAD DE LAS LABORES DEL PODER JUDICIAL.

Por Raúl Martínez

Como es de conocimiento general, el pasado 18 de marzo de este año el Congreso Nacional emitió la resolución 62-20, mediante la cual se autorizó al Presidente de la República a declarar el Estado de Emergencia en todo el territorio nacional, como consecuencia del brote infeccioso de la enfermedad COVID-19, la cual fuera declarada como pandemia por la Organización Mundial de la Salud (OMS) el 11 de marzo de este mismo año. Al amparo de dicha resolución del Congreso, el Poder Ejecutivo emitió el decreto 134-20, mediante el cual se declaró efectivamente el Estado de Emergencia, uno de los Estados de Excepción previstos por la Constitución de la República.

Ante la escalada en el contagio del peligroso virus verificada en todo el territorio nacional, tales disposiciones han sido prorrogadas en tres oportunidades, lo cual ha tenido como consecuencia la paralización de gran parte de las actividades productivas y de la provisión de servicios públicos esenciales para el pueblo dominicano. Entre esos servicios públicos elementales se encuentra el que tiene que ver con el acceso al sistema de justicia, el cual se encuentra prácticamente inutilizado a partir de la suspensión de las labores administrativas y judiciales en los tribunales del país, la cual fuera decidida por el Consejo del Poder Judicial el 19 de marzo del 2020.

Como consecuencia de la aludida resolución del Consejo del Poder Judicial, entendible por las circunstancias que rodearon su emisión y razonable en el contexto de las medidas de distanciamiento social dictadas por el Poder Ejecutivo, sólo se encuentran funcionando las Oficinas Judiciales de Servicios de Atención Permanente de la Jurisdicción Penal que operan en el país, las cuales fueron facultadas para atender, en adición a sus atribuciones ordinarias, los casos de urgencia que tengan que ver con la protección de los derechos fundamentales, como el hábeas corpus o las acciones de amparo.

Dos meses después, el Consejo del Poder Judicial ha presentado un “Plan de Continuidad de las Labores del Poder Judicial”, delineado en la resolución número 4-20, del 19 de mayo del 2020. En el marco del aludido programa, se ha concebido la reapertura gradual de los servicios que prestan los tribunales del país, en un proceso que contemplaría tres etapas: una fase inicial, una fase intermedia y una fase avanzada.

La Secretaría de Asuntos Jurídicos de La Fuerza del Pueblo, en el ánimo de contribuir con la reactivación del sistema de justicia en el país de un modo que permita garantizar la protección efectiva de los derechos fundamentales de quienes acceden a tan preciado servicio público, estima pertinente externar algunas observaciones al contenido este plan que ha comunicado el Consejo del Poder Judicial. En esta dirección, consideramos que deben tomarse en cuenta los elementos que enunciamos a continuación:-

  1. Espacios para asegurar el acceso a procesos realizados de manera virtual. Una parte significativa de los abogados en ejercicio podrían confrontar dificultades para la realización de trámites administrativos o para participar en procesos judiciales que pretendan ser llevados a cabo de manera virtual. Muchos profesionales del Derecho carecen de las herramientas tecnológicas necesarias o del acceso oportuno a Internet, cuestiones que revisten una importancia estelar para el cumplimiento de sus responsabilidades en ocasión de producirse un evento o actuación procesal que amerite ser desarrollado empleando la tecnología. En este sentido, sugerimos acoger las recomendaciones del grupo de expertos del Instituto Caribeño del Estado de Derecho (ICED), quienes en un reciente documento aconsejaron habilitar espacios en las sedes del los edificios judiciales para que el usuario que no disponga de los medios para acceder por sí mismo al procedimiento en cuestión pueda hacerlo en ese lugar, cumpliendo con un estricto protocolo sanitario que permita prevenir el contagio.
  2. Posibilidad de celebrar audiencias virtuales en materia civil, comercial e inmobiliaria. A partir de las disposiciones contempladas en el citado Plan de Continuidad, en la fase inicial sólo podrían conocerse aquellos trámites y medidas que revistan un carácter de urgencia, sin que pueda tocarse el fondo del asunto a discutirse, y siempre que el proceso pueda realizarse de manera virtual. Si bien es cierto que, en cualquier materia, las reglas del debido proceso requieren celebrar audiencias confluyendo todos los actores en espacio y tiempo, no es menos verdad que en ámbitos como los conflictos civiles, comerciales o inmobiliarios muchos casos versan sobre disputas de índole patrimonial o cuestiones que no son de orden público. Por tal motivo, no entendemos por cual razón se excluye cualquier posibilidad de conocer este tipo de controversias en la modalidad virtual, siempre y cuando las partes implicadas estén de acuerdo con ello.
  3. Habilitación de los alguaciles. El aludido Plan de Continuidad puesto en marcha por el Consejo del Poder Judicial omite referirse a la situación de los alguaciles. La mayoría de estos auxiliares de la justicia son ordinarios, y no perciben un salario del Estado. Sólo reciben los ingresos devengados por los actos de su ministerio, pagados por sus requirentes. Las intimaciones, ofertas reales y otros actos similares generan muchas veces acercamientos y acuerdos, evitándose la prolongación del conflicto judicial. Es indispensable tomar en consideración la situación de precariedad que atraviesan las familias de numerosos alguaciles, por lo que conviene habilitarlos para que puedan notificar, tomando todas las medidas pertinentes para evitar nuevos contagios. Si los mensajeros de farmacias o colmados pueden trabajar, los alguaciles también deben recuperar su derecho a procurarse el sustento.
  4. d. Necesidad de intervención legislativa para regular el funcionamiento virtual del sistema de justicia. El artículo 96.3 de la Constitución de la República atribuye a la Suprema Corte de Justicia el derecho a iniciativa legislativa en asuntos judiciales. Los nuevos escenarios que plantea el funcionamiento virtual del sistema de justicia pueden acarrear consecuencias que no podemos prever en toda su extensión, lo cual podría generar graves distorsiones que afecten las garantías inherentes al debido proceso. Por tal motivo, resulta indispensable la intervención del legislador para establecer reglas claras en lo que concierne a la celebración virtual de audiencias en las materias en que resultare posible, En esta dirección, consideramos indispensable que la Suprema Corte de Justicia ejerza su facultad constitucional para proponer al Congreso un proyecto de ley que aborde los aspectos más relevantes de la articulación de los procesos judiciales realizados de manera virtual.

En el Estado Social y Democrático de Derecho que promete la Constitución, es indispensable contar con un servicio público de justicia eficaz y transparente. Estas recomendaciones de La Fuerza del Pueblo se proponen contribuir con la cristalización de este supremo mandato, desde el cual se configuran derechos fundamentales que corresponden a cada uno de nuestros ciudadanos.

Raúl Martínez

Secretario de Asuntos Jurídicos

Fuerza del Pueblo

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