Abel Martínez gastó 183 pesos en comida y bebida por cada 100 en obras

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El Ayuntamiento de Santiago de los Caballeros registró, entre el 1 de enero y el 31 de octubre 2018, una desproporción escandalosa entre el gasto destinado a alimentación y bebidas, y el correspondiente a la construcción de obras municipales.

Según se desprende de la auditoría social del Partido Revolucionario Moderno y que fuera depositada como anexo al sometimiento judicial contra Abel Martínez, la alcaldía gastó 19.6 millones de pesos en bebidas, comidas, dietas y gastos de representación, mientras que lo invertido en obras apenas alcanzó los 10. 7 millones.

La preferencia por el indicado tipo de gasto parece formar parte de una conducta recurrente si se toma en consideración que, al primer trimestre de año 2019, la gestión de Abel Martinez gastó solo dos millones de pesos en obras, mientras que lo destinado a comidas y bebidas superó los seis millones de pesos.

Lo revelado pone en evidencia la pronunciada falta de calidad en el gasto público en la gestión abelista, lo que se atribuye a la ausencia de criterios y controles administrativos, así como de respeto a ley 176-07.

A partir de las informaciones recogidas en la autoría social que practicara el PRM y que aparecen anexas al sometimiento depositado en la fiscalía, se registra una desproporción escandalosa entre el gasto en alimentación y bebidas, en comparación con la construcción de obras municipales.

En su análisis, el PRM precisa que la calidad del gasto es un parámetro indispensable para el desarrollo institucional porque garantiza el uso eficaz y eficiente de los recursos públicos, “con los objetivos de elevar el potencial de crecimiento de la economía del gobierno local y de asegurar grados crecientes de equidad distributivas”.

“De los gastos auditados resalta que la calidad del gasto por cada RD$100.00 que se invierten en construcciones de obras, la alcaldía de Santiago gasta RD$182.55 en alimentos, bebidas y demás, para un coeficiente de 1.83 de gastos de mala calidad”, indica el informe.

Reportes Obras Presupuesto Participativo

Revela que para el año 2016 se presupuestó la construcción de 51 obras, pero no se ejecutó una sola. Para el 2017 se concluyeron 10 de las 44 aprobadas, mientras que de 43 aprobadas para el 2018 por los concejales con presupuestos asignados, ninguna fue terminada.

Varias de las obras han sido aprobadas hasta en dos ocasiones y reasignados sus presupuestos, pero la ciudadanía no es informada respecto al uso que la alcaldía da a esos recursos.

El comportamiento no solo impide que decenas de barrios y urbanizaciones logren favorecerse con la construcción de pequeñas y medianas obras esperadas por décadas, sino que contradice lo que al respecto dispone la ley 176-07.

El artículo 236 de la Ley 176-07 instituye el sistema de Presupuesto Participativo Municipal en procura garantizar la participación de la ciudadanía en la discusión, elaboración y seguimiento del presupuesto del municipio, especialmente en lo concerniente al 40% de la transferencia que reciben los municipios del Presupuesto Nacional, lo que se viola en el Ayuntamiento de Santiago porque el consejo aprueba los presupuestos para las obras, pero el alcalde hace lo que le parece.

La práctica desafía impunemente el artículo 21 de la citada ley, que advierte “la violación de este artículo será sancionado con penas de 2 a 5 años de prisión, con el pago de una indemnización de cinco (5) a veinte (20) salarios mínimos, así como también a la inhabilitación para el servicio público prevista por la legislación penal dominicana para estos casos. En el caso de que el tesorero y el contralor municipal no denuncien ante las autoridades de control y persecución competentes, se castigarán como infractores y de acuerdo con la sanción antes mencionada”.

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