Sometimiento del PRM pone al desnudo maniobras y proceder ilegal de Abel Martínez

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De Ahora inicia a partir de hoy la publicación de varios trabajos que abordarán distintos renglones correspondientes al desempeño de la actual administración del síndico Abel Martínez, que arrancan con el tema de las obras municipales, para lo que se fundamentará en informaciones y datos consignados en el expediente que en su contra fuera presentado a la fiscalía por el Partido Revolucionario Moderno (PRM).

Ayuntamiento de Santiago de los Caballeros

Según se desprende de la pieza acusatoria, la administración abelista ha tenido las peores notas en cuanto a cumplir con la ejecución de las obras municipales aprobadas y presupuestadas en el período 2016-2018.

Para el referido capítulo, el concejo edilicio le aprobó en el año 2016 un presupuesto de 366 millones 626 mil 894 pesos y según lo que se hace constar, el gasto alcanzóٗ apenas los 16 millones, lo que representa tan solo el 4.5 por ciento.  La municipalidad no tiene conocimiento en qué fueron invertidos los más 350 millones restantes, que representan el 95.63 por ciento de lo presupuestado.

Las inversiones en obras municipales previstas en el presupuesto del año 2017 se elevaron a los 420 millones 281 mil 795 pesos, pero según los cálculos presentados a la fiscalía por el PRM, de estos solo fueron invertidos 125 millones 822 mil 626 pesos, correspondientes al 29.94 por ciento.

En el expediente se hace constar que la alcaldía incluyó como invertidos en obras en el 2017 la cantidad de 53 millones 319 mil 432 pesos que, según se alega, no figuran en construcciones específicas, por lo que el monto dejado de invertir se elevó a 294 millones 459 mil 168 pesos, justo el 70.6 por ciento de lo presupuestado.

Dirigentes del PRM en Santiago

La desproporción abismal entre lo presupuestado, aprobado por los concejales, y lo gastado en obras, presentó su peor cuadro en lo que respecta al año 2018. Para el concepto en referencia se aprobó una inversión de 382 millones 883 mil 708 mil 923 pesos y al mes de octubre, solo se habían invertido 10 millones 779 mil pesos, para el 2.82 por ciento de lo aprobado.

Como se puede fácilmente deducir, al flamante síndico Abel Martínez le fueron aprobados entre 2016 y 2018, solo para la construcción de obras municipales, la friolera de 1, 169 millones 742 mil 612 pesos, pero solo gastó la ínfima cantidad de 152 millones 610 pesos, que representan el 13.05 por ciento.

La diferencia entre lo programado y ejecutado en los tres años a lo que se hace referencia, así como el desconocimiento del destino de los 1, 017 millones 132 mil 608 pesos que no fueron invertidos, es uno de los fundamentos principales en que se basa el sometimiento al síndico Abel Martinez.

Violación al Presupuesto Participativo

El artículo 236 de la Ley 176-07 instituye el sistema de “Presupuesto Participativo” como garantía de la participación ciudadana en la discusión, elaboración y seguimiento del presupuesto del municipio, especialmente en lo concerniente al 40 por ciento de los ingresos que deben ser destinados a obras municipales.

Pero según se ha denunciado desde diferentes litorales políticos y comunitarios, la gestión abelista hace poco caso al cumplimiento de lo dispuesto por la citada ley y, a pesar de que los concejales aprueban y presupuestan cada año las obras consensuadas con las comunidades, al final el cumplimiento es insignificante.

Andrés Cuesto, presidente del PRM en Santiago

“El estudio de auditoria social realizado a las obras del presupuesto participativo en el periódico comprendido del 16 de agosto 2016 al 31 de octubre 2018, refleja que de un total de 138 obras aprobadas para la construcción, solo 10 han sido construidas y 128 están sin construir”, cita la documentación que el PRM depositó en la fiscalía de Santiago de los Caballeros.

Agrega que “esto representa un incumplimiento de un 92.75 por ciento y en lo concerniente al año 2018 que se aprobaron 43 obras, hasta la fecha no se ha construido ninguna para un incumplimiento del 100 por ciento”.

El PRM cita violaciones cometidas por Abel Martínez a varios artículos de la Constitución de la república, de la ley 176-07 que rige para el Distrito Nacional y los Municipios, así como del código penal.

A pesar de que el artículo 21 de la ley 176-07 dispone que el 40 por ciento de los ingresos que perciban los Ayuntamientos deben destinarse a la construcción de obras municipales, la alcaldía de Santiago vive a espalda de ese requerimiento obligatorio.

El comportamiento representa un desafío, por ahora sin consecuencia alguna para Abel Martínez, a lo indicado en el párrafo 4 del citado artículo 21, que advierte “la violación de este artículo será sancionado con penas de 2 a 5 años de prisión, con el pago de una indemnización de cinco (5) a veinte (20) salarios mínimos, así como también a la inhabilitación para el servicio público prevista por la legislación penal dominicana para estos casos”.

La penalización prevista incumbe también al tesorero y al contralor municipal quienes, en caso de que no denuncien ante las autoridades de control y persecución competentes, “se castigarán como infractores y de acuerdo con la sanción antes mencionada”. ¿Letras muertas?

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