Empeñado en se presenten pruebas sobre la alegada mafia que interviene en el trasiego de combustibles, en los que según ANADEGAS figuran funcionarios del gobierno, el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes solicitó este miércoles al procurador general de la República disponer una investigación de dicha denuncia.
Con ese propósito la institución depositó una instancia por ante la Procuraduría General de la República, avalada con la firma del ministro Nelson Toca Simó y de César Avilés Coste, consultor jurídico del MICM.
“Mediante la presente instancia y en virtud de las disposiciones legales contenidas en los artículos 29, 30, 259, 260, 262, 263, 264 y 265 del Código Procesal Penal, tienen a bien solicitar de manera formal a esa Procuraduría General de la República, dar inicio a una investigación en relación con los supuestos hechos denunciados por los señores Arnulfo Rivas, presidente de la Asociación Nacional de Detallistas de Gasolina (ANADEGAS); Juan Ignacio Espaillat Taveras, ex presidente de ANADEGAS; (Y) Juan Hubieres, presidente de la Federación Nacional de Transporte la Nueva Opción (FENATRANO)”, indica.
Los funcionarios sugieren en su petición que sean designados los fiscales investigadores, así como los peritos y técnicos necesarios para levantar la investigación a “profundad” de “los hechos denunciados”.
Solicitan, ademas, que se convoque a los denunciantes Arnulfo Rivas, Juan Ignacio Espaillat Taveras y Juan Hubieres, para que aporten al Ministerio Público los datos, informaciones y pruebas de que dispongan sobre las denuncias realizadas.
La instancia depositada en la Procuraduría General de la República recoge que Rivas, Espaillat Taveras y Hubieres “plantearon la existencia en el país de una mafia que vende combustibles ´ilegales´ producto del contrabando, señalando los dos primeros denunciantes de forma específica, que dicha mafia se encontraba apoyada y auspiciada por funcionarios del Gobierno, y más específicamente del propia MICM”.
Ante dicho pronunciamiento, la semana pasada el MICM procedió a emplazar a ANADEGAS y sus directivos mediante acto de alguacil para que identificaran “los funcionarios, personas y sectores que, de acuerdo a la denuncia, alegadamente estarían autorizando o tolerando deliberadamente el contrabando de combustibles” y que “presentaran las supuestas pruebas de la denuncia”.
